La estabilidad de Coahuila enfrenta su prueba más ácida en la Región Centro, donde la narrativa de paz laboral choca con el citatorio judicial a líderes de exobreros. El colapso de AHMSA ya no es solo un problema financiero de una empresa privada, sino una crisis de gobernabilidad que obliga al Estado a elegir entre la ley de despojo y la justicia social.

Hasta el momento, la autoridad no ha acreditado responsabilidades; la información disponible es preliminar y proviene de reportes y denuncias judiciales consultadas. La Fiscalía General del Estado ha modificado sus delegaciones regionales para contener focos de inestabilidad, enviando perfiles específicos para gestionar la crisis en el cinturón de acero.

El desmantelamiento de la principal fuente de empleo del norte de México entra en su fase terminal con la subasta programada para finales de febrero. Mientras el Gobierno Estatal intenta atraer inversiones automotrices para mitigar el daño, la deuda histórica con los trabajadores sigue sin liquidarse, dejando un vacío que la fiscalización penal difícilmente podrá llenar sin generar mayor resentimiento social.

La Secretaría de Gobierno y la Fiscalía deben transparentar el proceso de comparecencia y asegurar que el derecho a la manifestación no se criminalice bajo la sombra de la quiebra industrial. Es imperativo que se publique un calendario de pagos laborales derivados de la subasta antes del 27 de febrero, garantizando que los fondos no se pierdan en la burocracia de los acreedores.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: es curioso cómo la justicia se mueve con celeridad para investigar “despojos” en una empresa muerta, pero camina con pies de plomo para asegurar que los obreros reciban sus finiquitos tras años de abandono federal y estatal.

¿Es la judicialización una estrategia para desactivar la protesta antes de que el martillo de la subasta caiga definitivamente sobre el acero de Monclova?