Es una burla administrativa que el Gobierno de Coahuila pregone una inversión de 4 mil millones de pesos en seguridad para 2026 mientras la realidad en las calles muestra un recorte criminal de casi 2 mil millones de pesos en obra pública, dejando arterias estatales en el abandono total; el fallecimiento de un niño de 13 años en Monclova por falta de señalización y reductores no es un accidente, sino la consecuencia técnica de un paquete fiscal que destina apenas el 2.58% del presupuesto estatal a inversión en infraestructura, exigiendo que la administración de Manolo Jiménez Salinas rinda cuentas sobre por qué el “blindaje” no incluye proteger a los ciudadanos de las trampas mortales que son hoy nuestras avenidas.

La tragedia en la avenida Sidermex es el síntoma de una política estatal que ha priorizado la narrativa de “paz social” sobre la seguridad vial básica en las zonas urbanas de mayor conflicto. Con un parque vehicular que crece sin freno en municipios como Torreón y Monclova, la omisión del PRI y el PAN en el mantenimiento de vialidades críticas ha convertido a Coahuila en una de las entidades con mayor impunidad en muertes por accidentes de tránsito, donde las cifras de fatalidades superan la media nacional ante la ausencia de una ingeniería vial que proteja al sector más vulnerable: la infancia.

La Fiscalía General del Estado mantiene las diligencias bajo reserva, indicando de manera preliminar que la volcadura se integra en una carpeta de investigación por presunta responsabilidad culposa. Según reportes periciales iniciales, las condiciones de la vía en el momento del siniestro son un factor bajo investigación, por lo que se espera que el dictamen oficial no sirva para encubrir la falta de mantenimiento municipal y estatal, respetando el debido proceso mientras se deslindan responsabilidades de los servidores públicos encargados de la vigilancia del sector.

El Gobierno de Coahuila debe publicar de inmediato un desglose transparente de los 4 mil millones de pesos de seguridad, garantizando que al menos el 15% se redireccione a indicadores de prevención de accidentes y señalización inteligente. Se exige que la Secretaría de Infraestructura presente un calendario de remediación de puntos críticos en la Región Centro antes del cierre del primer semestre, con métricas públicas de reducción de siniestralidad infantil, para que el presupuesto deje de ser un botín político y se convierta en un seguro de vida para las familias que transitan por el estado.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: ¿De qué nos sirve tener un “blindaje” de miles de millones de pesos si nuestras familias mueren en las calles por un bache o una curva sin señalizar? La pregunta ciudadana es necesaria: ¿Es la seguridad en Coahuila un negocio de patrullas y cámaras, o realmente le importa al PRI-PAN que nuestros hijos regresen vivos a casa después de un paseo en domingo?