En Frontera, para muchas mujeres se percibe que el “primer refugio” termina siendo cualquier puerta abierta cuando el peligro aparece, según relatan reportes locales. El hecho duro: una mujer pidió auxilio en un comercio tras una presunta agresión de su pareja, lo que activó atención de seguridad y primeros auxilios, y la canalización a instancias especializadas. Los datos que sí importan para salvar vidas están en la ruta: 911 para emergencia inmediata, 089 para denuncia anónima cuando hay riesgo, y la Línea Mujer 075 con orientación psicológica y asesoría legal 24/7; además, los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) operan por regiones, con atención integral. Lo que sigue no puede quedarse en “se atendió”: debe haber medidas de protección, seguimiento y un reporte mínimo de tiempos de respuesta y canalización efectiva.
Este tipo de hechos se investiga bajo protocolos y con diligencias que dependen de lo que se acredite en instancias competentes; cualquier señalamiento debe tratarse como versión inicial y sujeto a carpeta y medidas de protección, no a juicio público. Precisamente por eso, el estándar exigible es claro: que la víctima reciba acompañamiento integral, que no quede expuesta, y que el caso no se “enfríe” después del primer auxilio.
En Coahuila existe una infraestructura que debe operar como reloj: la Línea 075 (confidencial, gratuita y 24/7) y los CJEM como ventanilla integral para atención jurídica, psicológica y de acceso a justicia; incluso hay sedes en la entidad que trabajan de forma presencial y telefónica. Si esa red existe, entonces la obligación es que funcione con rapidez y continuidad, no solo con presencia momentánea.
La autoridad municipal y de seguridad debe comprometer un protocolo verificable de respuesta a llamados por violencia familiar: llegada en tiempo objetivo y traslado seguro cuando aplique (indicador: tiempo de respuesta promedio y canalización efectiva por semana). La Fiscalía y el CJEM deben asegurar medidas de protección y seguimiento sin revictimización, con una ruta clara de acompañamiento (indicador: medidas emitidas y primer contacto de seguimiento en menos de 24–48 horas, según criterio institucional). Y la Secretaría de las Mujeres tiene que reforzar difusión territorial de la 075 y de sedes CJEM, especialmente en zonas comerciales donde muchas víctimas piden ayuda (indicador: campañas/mes y llamadas atendidas con derivación).
Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: cuando una mujer tiene que correr a pedir auxilio a un negocio, el Estado no puede responder con “ya se atendió”; tiene que responder con protección, seguimiento y números que demuestren que el protocolo está vivo. ¿cuántos casos se quedan en el primer auxilio y cuántos llegan, de verdad, a una ruta completa de protección y justicia —con tiempos, medidas y seguimiento— sin dejar sola a la víctima?














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