En Torreón se percibe —y con razón— que la verdad no puede caminar a paso burocrático: un joven de 24 años murió tras ser llevado a Tribunales/ Centro de Justicia Municipal, luego de una detención por alteración del orden en el Paseo Morelos; la familia exige que se muestren videos completos, el Municipio asegura que ya los entregó a la Fiscalía, y el Estado tiene la obligación de poner fecha a los resultados periciales y al corte público del caso, sin excusas.

El alcalde sostiene que habrá “transparencia” y que no se adelantará a los resultados, mientras la Dirección de Seguridad Pública Municipal afirma que entregó dictámenes y evidencia para acreditar que la persona fue puesta a disposición “en buen estado”; pero el debate social ya rebasó el discurso: la pregunta central es si la custodia municipal fue segura, y si el Estado está investigando con la rapidez que amerita un hecho de esta magnitud.

La información disponible es preliminar y el caso está bajo investigación de la Fiscalía estatal; se espera el resultado de la necropsia y las diligencias para establecer causa y responsabilidades. En ese marco, cualquier señalamiento se trata como presunto y debe sostenerse solo con evidencia pericial y actuaciones ministeriales, no con rumores.

En la misma semana en que se presume una certificación internacional CALEA y se exhiben cifras de “baja delictiva”, estalla un caso que pone a prueba lo más básico: custodia, registro, videovigilancia y control interno. Si la certificación significa estándares, hoy se demuestra con lo que el gobierno municipal y el estatal hagan —y dejen documentado— en este expediente.

El Ayuntamiento debe publicar una línea de tiempo institucional (detención, ingreso, revisiones médicas, traslados, actuaciones) sin datos que obstaculicen la carpeta, y formalizar medidas cautelares administrativas que eviten contaminación del proceso; y el Gobierno estatal, con el gobernador como responsable político del funcionamiento del Estado, debe exigir a sus instituciones un calendario verificable de peritajes y un corte público con fecha, porque “ya se investiga” no alcanza cuando la confianza se está rompiendo en la calle.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: … la seguridad que presume resultados tiene que sostenerse también cuando lo que está en juego es la vida de una persona bajo custodia; si ahí falla, todo lo demás se vuelve propaganda. ¿cuándo —con día y hora— veremos un informe técnico que cierre la puerta a la impunidad y deje un protocolo para que esto no vuelva a pasar?