Para vecinos, esto se percibe como “la misma película de siempre”: denuncias de venta en colonia, cateo y, aun así, la duda de cuántos puntos siguen activos; el hecho duro es que la FGR en Coahuila (FECOR) informó la vinculación a proceso de un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en posesión de narcóticos con fines de comercio, tras un cateo en Residencial del Norte, en Torreón. En el aseguramiento se reportaron 467 g 5 mg de metanfetamina, 25 g 7 mg de marihuana y 180 pesos; el juez dictó prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para la investigación complementaria. Lo que sigue es precisamente eso: investigación y pruebas. La exigencia concreta: un tablero público mensual (cateos, aseguramientos y judicialización) para medir si el narcomenudeo baja o solo se desplaza.

La autoridad habla de probable responsabilidad y de un caso sustentado en actos de investigación y audiencia; por debido proceso, la imputación no equivale a sentencia. La carpeta se encuentra en fase de investigación complementaria y el resultado final dependerá del avance probatorio y resoluciones judiciales posteriores.

el golpe importa, pero el problema es el patrón. Con base en reportes construidos a partir del SESNSP, en Coahuila se han contabilizado miles de carpetas por narcomenudeo (por ejemplo, 3,268 entre enero y julio de 2025, con desglose mensual), lo que explica por qué cada caso local se vuelve conversación estatal: no es “un hecho aislado”, es una presión constante sobre barrios, jóvenes, comercios y percepción de seguridad.

Nosotros pensamos que la estrategia no puede vivir de boletines sueltos. La Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública deben publicar, cada mes, un corte simple y comparable: cateos realizados (por municipio), drogas aseguradas (por tipo), detenciones, vinculaciones, medidas cautelares y sentencias. La FGR debe sumar el componente federal con la misma lógica, para que la gente entienda qué se está atacando y con qué resultados. Y el municipio, sin discursos, debe reforzar la parte preventiva en zonas detectadas: iluminación, vigilancia focalizada y recuperación de espacios, con metas (una por mes) que se puedan auditar.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: cuando el Estado no muestra tablero, la calle llena el vacío con rumor; y en seguridad, el rumor siempre cobra caro. La vinculación es un paso, no la meta. La meta es que el narcomenudeo deje de “mudarse de colonia” y empiece a caer en números. ¿Cuándo veremos el reporte mensual —claro y sin maquillaje— que permita medirlo?