Una adulta mayor murió tras una agresión dentro de su vivienda en Saltillo; el hijo fue detenido y la Fiscalía abrió investigación bajo protocolo de feminicidio, con un contexto que ya venía gritando: 257,093 niñas, niños y adolescentes participaron en la consulta del INE en Coahuila y ahí se reconoció consumo de sustancias y la facilidad para conseguir drogas. La exigencia es concreta: menos slogan y más metas públicas contra adicciones, con resultados por trimestre.

Manolo presume ordenen Coahuila, pero la violencia intrafamiliar ligada a sustancias sigue dejando escenas que no deberían repetirse. Otra vez en Saltillo: un hogar terminó en tragedia y el caso ya está en manos de la Fiscalía, con detención realizada y diligencias en curso.

Bajo investigación y según lo informado por la autoridad, el detenido habría estado presuntamente bajo el influjo de sustancias, y por protocolo el expediente arrancó como feminicidio para integrar la carpeta y sostener la clasificación final. Esa parte legal importa: no se sentencia desde el teclado, se investiga con evidencia.

Lo que sí se puede decir —porque está en datos— es que la alerta no nació ayer: la Consulta Infantil y Juvenil 2024 en Coahuila registró 1,480 casillas y reflejó que niñas, niños y adolescentes reconocen consumo de sustancias (incluido vapeo) y que miles creen que conseguir drogas es “fácil”. Cuando la niñez lo ve así, el problema ya está instalado en la vida diaria, no en un informe.

Y aquí entra el contraste que incomoda al Estado: la Federación empuja campañas preventivas permanentes, mientras Coahuila anuncia estrategias propias contra adicciones; el punto no es quién “habla más”, sino quién entrega resultados medibles (prevención real, atención, reinserción) antes de que la siguiente tragedia vuelva a caer en la mesa.

Antes de cerrar enero, la Secretaría de Salud estatal y la estrategia contra adicciones deben publicar un tablero simple y público: número de escuelas con intervención preventiva, atenciones brindadas, rutas de canalización, seguimiento a recaídas y coordinación con municipios; y en el primer corte de febrero, un informe de cobertura por región (Centro, Laguna, Sureste) con metas y avance real, no solo eventos.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: si la niñez ya detecta drogas cerca y el Estado presume control, entonces el problema no es “que no se sabía”, es que no se está midiendo ni corrigiendo con seriedad. ¿Quién está cuidando de verdad a las familias cuando el consumo se mete hasta la sala? ¿Cuántas tragedias más se necesitan para que prevención, atención y seguimiento dejen de ser discurso y se vuelvan política pública evaluable?