Una jueza federal otorgó a Uber una suspensión definitiva para operar en el aeropuerto de Torreón, lo cual genera una ola de cuestionamientos en Coahuila sobre equidad en el transporte, regulaciones locales y la defensa de concesionarios de taxis tradicionales.

En el Aeropuerto Internacional de Torreón operan dos bases de taxi autorizadas por Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) con 28 unidades, que señalan que Uber entraría en competencia desleal pues sus conductores, aseguran, no están regulados localmente ni pagan los mismos requisitos que los concesionarios tradicionales.

Uber informó que la suspensión concedida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa permite a sus socios recoger y dejar pasajeros en zonas federales de aeropuertos sin riesgo de detención.

Este escenario plantea interrogantes para Coahuila: ¿cómo ajustará la regulación estatal el marco local para transporte privado y público? ¿Los permisos y tarifas se adaptarán o seguirán favoreciendo modelos antiguos? Se abre una fase de litigios y negociaciones clave para garantizar servicio, seguridad y equidad.

El acceso de Uber al aeropuerto no es sólo cuestión de movilidad: es prueba de que Coahuila debe modernizar su marco normativo para transporte privado, equidad de competencia y beneficio ciudadano. ¿Están los concesionarios, usuarios y autoridades preparados para una transición justa o quedarán detrás en una nueva lógica de movilidad?