Una nueva iniciativa legislativa en Coahuila busca dar mayor participación a los municipios en la validación de reglamentos internos de fraccionamientos, colonias y barrios a través de mesas directivas vecinales, con el fin de fortalecer la transparencia, la legalidad y la convivencia comunitaria.

El diputado Gerardo Aguado del PAN presentó un proyecto de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos del estado, con la finalidad de que la autoridad municipal supervise la conformación y funcionamiento de las mesas directivas en fraccionamientos privados o abiertos, incluyendo la elaboración de reglamentos internos y la legitimación de decisiones comunitarias.

La iniciativa plantea que los 38 municipios del estado puedan ofrecer asesoría técnica a comunidades, revisar sus reglamentos y velar por que los procesos de elección de directivas sean transparentes y participativos. Esto responde a la demanda de mayor gobernabilidad local, menores conflictos vecinales y mejores servicios públicos comunitarios.

Desde la perspectiva del gobierno estatal y aliados federales, este tipo de reformas se alinean con la agenda de fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernabilidad urbana, donde la colaboración vecinal-municipal puede traducirse en mejores espacios públicos, infraestructuras más eficientes y orden territorial. Por su parte, la oposición al gobierno estatal (PRI) deberá vigilar que este mecanismo no se convierta en un mecanismo de control partidista sobre las organizaciones vecinales o que restrinja la autonomía comunitaria.
El desafío paso a paso será definir los siguientes elementos: A) Plazo para puesta en marcha de la supervisión municipal. B) Indicadores de éxito: cuántos fraccionamientos adopten nuevos reglamentos bajo supervisión, cuántos conflictos vecinales se resuelvan a través de mesa directiva supervisada. C) Transparencia de los recursos destinados para este fin. D) Capacitación de autoridades municipales en mediación vecinal e inclusión.
Estas reformas también deben contemplar la articulación con los instrumentos de justicia cívica que ya operan en Coahuila, y la formación de mecanismos de rendición de cuentas comunitaria. Sin métricas públicas, existe el riesgo de que solo queden como “reglamentos de escritorio”.

La iniciativa abre la puerta a una mejora en la gobernanza vecinal, vital para la estabilidad de los municipios, pero su éxito dependerá de la implementación concreta y transparente. Los ciudadanos deben preguntar: ¿Contaremos con datos públicos de cuántas mesas directivas operan bajo supervisión y cómo se mide su efectividad?