En Coahuila se registra una tasa de suicidios de alrededor de 9.7 muertes por cada 100 mil habitantes durante 2024, lo que sitúa a la entidad entre las de mayor incidencia en el país. Ante este panorama —y el caso reciente en Monclova— la necesidad de una respuesta coordinada en salud mental, detección temprana e intervención es urgente.

De acuerdo con datos preliminares de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), al corte del 31 de julio de 2025 ya se habían registrado 190 muertes por suicidio en 21 de los 38 municipios de Coahuila.
El anterior informe para el 2024 señala un total de 335 suicidios en el estado, de los cuales 274 correspondieron a hombres.
La entidad exhibe una tendencia al alza: la tasa, que era de 6.3 por 100 mil habitantes en 2017, pasó a 9.1 en 2022.

Los factores que aparecen como detonantes recurrentes incluyen desempleo, adicciones, crisis emocional, aislamiento y baja atención en salud mental.

El documento también revela que 4 de cada 10 suicidios ocurren en jóvenes.

A nivel estatal existe la Ley de los Derechos de los Seres Sintientes para el Estado de Coahuila de Zaragoza y otros marcos normativos para salud mental y prevención; sin embargo, la articulación entre programas municipales, regionales y estatales es aún incipiente. Por ejemplo, la integración de protocolos de detección temprana, atención comunitaria y seguimiento se ha señalado como un pendiente clave.

Para que la respuesta tenga impacto, se requiere que cada municipio —carbonífera, lagunero, centro y sureste— cuente con rutas definidas, datos públicos, comités ciudadanos y financiamiento protegido.
Desde la óptica del gobierno estatal (aliado): la salud mental es eje del bienestar y desarrollo humano; programas de prevención deben escalar con métricas claras (reducción de tasa, número de intervenciones, servicios comunitarios). Desde la oposición: se exige transparencia de datos, evaluación de las políticas vigentes y publicación de resultados por municipio.
El reciente hallazgo en un hotel de Monclova de un hombre sin vida (presunto suicidio) refuerza la urgencia: no es un caso aislado sino parte de un panorama más amplio.

Coahuila tiene números que alarman: una de cada 11 mil personas podría quitarse la vida si la tasa se mantiene en ~9.7/100 mil. Si no se actúa con urgencia, la vida de jóvenes, adultos en crisis y comunidades podría quedar en meras estadísticas. La pregunta que queda para la ciudadanía es clara: ¿qué tan dispuestos estamos como estado y como sociedad a desplegar una estructura que detecte, intervenga, acompañe y quite el silencio del sufrimiento?