El diputado federal Marcelo Torres Cofiño volvió a colocar el tema del agua en el centro del debate público. Durante su participación en la discusión presupuestal, advirtió que el recorte proyectado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afectará directamente la infraestructura hídrica de Coahuila, en particular de La Laguna, donde propuso un fondo de mil millones de pesos para sustituir redes de agua potable y drenaje, además de seiscientos millones para obras pluviales en Torreón.
El planteamiento tiene sustancia: gran parte de las tuberías del sistema datan de hace más de cuarenta años, y la presión poblacional en zonas industriales exige inversión inmediata.

Sin embargo, el reclamo se diluyó entre frases altisonantes que restaron peso a los datos. “Morena ya se descaró; solo les importa tapar el boquete financiero que dejó López Obrador”, lanzó el legislador. El exceso de adjetivos y la falta de respaldo técnico convirtieron una denuncia legítima en un alegato de trinchera.
El fondo del asunto —el agua— terminó atrapado entre acusaciones genéricas, sin precisar rutas legislativas, indicadores de ejecución ni alternativas de financiamiento.

El verdadero desafío no está en señalar culpables sino en explicar cómo se sostendrán los sistemas de distribución cuando el presupuesto federal se contrae. La Laguna comparte su acuífero con municipios de Durango y depende del mismo corredor hidráulico que abastece a Saltillo y a la Región Centro. Si la planeación falla, el problema dejará de ser local y pasará a ser estatal.

Coahuila necesita voces que exijan con firmeza, pero también con rigor. La política del agua se construye con cifras, no con consignas. Los reclamos apasionados atraen titulares; las propuestas sobrias resuelven problemas. ¿Podrá el Congreso debatir con técnica antes que con ruido?