En Coahuila, más de 1 500 niños han sido víctimas de abuso sexual o físico y se estima que hasta un 4 % carecen de acta de nacimiento, lo que pone en evidencia un doble desafío: proteger a la infancia y asegurar su reconocimiento legal. Sin embargo, la falta de tableros transparentes municipales o estatales impide que la ciudadanía verifique avances concretos.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila (Pronnif) reportó que durante 2024 se registraron cerca de 1 500 casos de delitos sexuales contra menores en la entidad, parte de un total mayor de vulneraciones que incluye maltrato físico y omisión de cuidados.

Por otro lado, el subregistro de nacimientos sigue siendo un reto: se estima que el 4 % de los menores en Coahuila carece de acta de nacimiento, lo cual los deja sin identidad oficial, sin acceso pleno a servicios básicos y sin mecanismos claros de protección.

Aunque ambas problemáticas están previstas por la ley —por ejemplo, mediante el trámite de “Reporte de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes” de Pronnif—, los registros públicos por municipio, los montos asignados, los responsables y los avances trimestrales no se publican de forma sistemática.

Se exige que la Secretaría de Salud, Educación y Registro Civil del estado publiquen metas cuantificadas, responsables municipales, montos destinados a prevención y registro, además de cortes físico-financieros trimestrales que permitan a las familias verificar que sus menores están protegidos en hechos y reconocidos en el sistema.

Tener una infancia libre de violencia y con identidad no es un ideal, es un requisito fundamental para la dignidad y ciudadanía. Si el estado deja espacios oscuros en datos y rendición de cuentas, deja también a miles de menores en situación de invisibilidad y riesgo. ¿Vamos a exigir que el segundo de sus derechos —ser reconocidos como persona— tenga prioridad o seguiremos tolerando que quede en trámite?