La rabia y el dolor por la muerte del joven trabajador Carlos Gurrola (“Papayita”) han desbordado las redes sociales para tomar las calles de Torreón. La marcha realizada por familiares, amigos y ciudadanos para exigir justicia es más que una protesta local; es el eco de un problema sistémico en Coahuila: el acoso laboral (mobbing) que opera silenciosamente en los centros de trabajo y que en este caso, denuncian, tuvo un desenlace fatal.

Al grito de “Justicia para Papayita”, los manifestantes exigieron que la muerte del joven, quien ingirió una sustancia tóxica presuntamente engañado por compañeros, no sea tratada como un accidente. La Fiscalía General del Estado ha confirmado oficialmente que la carpeta de investigación sigue abierta y que se están realizando todas las diligencias para esclarecer los hechos.

Mientras el proceso penal avanza, este caso ha puesto a prueba los protocolos de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, a la que se le exige una rendición de cuentas sobre su capacidad para supervisar y sancionar la violencia en los entornos laborales, un mandato claro de la ley federal.

¿Servirá la presión social de esta marcha para que el caso de Carlos se convierta en un parteaguas que obligue a las autoridades estatales a crear un protocolo de inspección específico contra el acoso laboral en las grandes empresas de Coahuila? La pregunta define el legado de esta tragedia.

Cuando la ciudadanía tiene que marchar para exigir lo básico —justicia y dignidad— es porque las instituciones han fallado en su labor preventiva. El caso de Carlos Gurrola ya no es solo una carpeta de investigación; es un examen de conciencia para todo el sector empresarial y gubernamental de Coahuila.