La CIDH admitió a trámite la petición P-2169-25 para empujar el reconocimiento de derechos del Río Nazas y la preservación de procesos ecológicos como el caudal ecológico. Con ese paso, el Estado mexicano fue notificado y recibió un plazo de tres meses (prorrogable hasta cuatro) para presentar observaciones. En La Laguna, el mensaje es directo: el debate deja de ser solo local y se convierte en una exigencia medible de respuesta oficial, transparencia y plan verificable.

El dato que enciende la conversación no es solo “CIDH”, sino lo que significa: esto no es una sentencia, es el arranque formal de un procedimiento que puede pasar por etapas como admisibilidad, análisis de fondo, posible solución amistosa y seguimiento, con presión pública sobre lo que el Estado hace —o deja de hacer—. En redes se va a discutir con el estómago; aquí conviene leerlo con calendario.

El expediente, según lo reportado, apunta a presunto daño ambiental en la cuenca baja y a la omisión de establecer un caudal ecológico. Y no llega solo: se enmarca como el “segundo frente” internacional, porque también existe un procedimiento ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA/CEC), donde la petición SEM-25-001 (Cuenca baja del Río Nazas) describe deterioro ligado a infraestructura hidráulica (presas), desecación del lecho y reducción de recarga freática.

Ahí está el gancho real: si el río se quiere reconocer como “sujeto” con derechos, la discusión ya no es romántica; es práctica. Obliga a hablar de reglas, medición y responsabilidades compartidas. Porque el Nazas toca agua, suelo, salud ambiental y futuro productivo en la Comarca: cuando el cauce no vive, la región lo resiente de mil maneras.

La exigencia ciudadana puede aterrizarse sin gritos: que la respuesta oficial no sea un “documento”, sino un plan con metas (qué harán), responsables por cargo (quién lo ejecuta) y fechas (cuándo se mide), con un punto clave verificable: qué se entiende por caudal ecológico en esta cuenca y cómo se va a garantizar. Lo que sigue ya tiene reloj: 3–4 meses para responder ante CIDH.
La pregunta que va a dividir sobremesas es sencilla: ¿un río puede tener derechos?
La pregunta que importa de verdad es otra: ¿quién responde con hechos cuando el agua desaparece?