En conversaciones de vecinos de Frontera, Monclova y otros municipios, el dolor se mezcla con indignación: las autoridades admiten que Marco Antonio García Moreno falleció el 7 de junio tras ser arrollado por una camioneta en la colonia Occidental, pero muchos consideran que la justicia avanza lentamente. Los hechos verificados hasta ahora indican que el imputado, identificado como Pablo “N”, fue liberado provisionalmente con firma periódica, aunque la familia pide cárcel preventiva. Aún no se ha definido si esa medida será revocada, ni si existirá multa o reparación económica adecuada.

La tragedia no es aislada: días después, otro joven perdió la vida tras accidente de motocicleta en la carretera 30 y el número de siniestros viales ha crecido en la región. Las autoridades han anunciado operativos viales más estrictos, focalizados en revisar exceso de velocidad, condiciones técnicas de las motos y sancionar conductas peligrosas. La zona del cruce de San Luis y Lázaro Cárdenas, donde ocurrió el choque fatal de Marco Antonio, ya aparece en reportes ciudadanos como punto negro de tráfico.

El reclamo de la familia —madre, esposa y otros parientes— va más allá del castigo legal: exigen certeza de que el sistema funcione, que los responsables respondan con prisión cuando el daño sea grave, y que las medidas cautelares como la firma periódica se cumplan. Temen que, sin sanciones más firmes, casos como este sigan repitiéndose sin que se genere disuasión.

Los siniestros viales cuestan vidas, y la justicia no debería depender solo del sufrimiento de las familias. Coahuila necesita reglas claras, sanciones ejemplares y seguimiento real para que cada accidente no quede sólo en la memoria, sino que transforme la normativa para proteger a quienes transitan cada día. ¿Queremos más tragedias para exigir cambio, o estamos dispuestos ya a que la prevención y la justicia sean algo cotidiano?