Un depósito por $5,318,600 ya está dentro del expediente del concurso mercantil y quiebra de AHMSA, pero el Poder Judicial Federal puso el freno: el juzgado ordenó aclarar para qué se pretende usar ese dinero en un plazo de tres días y advirtió sanción si no se precisa. En Coahuila, donde el caso se vive como termómetro económico y social, la exigencia es simple: toda entrada de recursos debe traer destino claro y rastro verificable.

El punto no es solo el monto, sino la falta de definición. De acuerdo con lo reportado, el depósito fue presentado por el síndico del procedimiento como parte de una posible garantía, pero el juzgado señaló que no hay claridad sobre su finalidad y por eso pidió que se especifique su uso dentro del proceso.

Esto ocurre mientras el procedimiento entra en zona decisiva: el juzgado activó preparativos para avanzar hacia la subasta/venta de activos, pidiendo bases en plazos cortos y justificando el apuro en criterios de publicidad, transparencia y certeza jurídica para quienes busquen participar.

En esa lógica, el caso se juega en papeles y tiempos: la sindicatura ha dicho que se siguen cumpliendo plazos y que, tras la revisión judicial de las bases, vendría la convocatoria y la subasta. Por eso, cualquier recurso que aparezca en el expediente necesita explicación completa: sin “etiqueta” no hay confianza, y sin confianza no hay salida creíble.

El siguiente paso tiene reloj: antes de que venza el plazo fijado por el juzgado, debe quedar asentado el objetivo exacto del depósito y su ruta dentro del procedimiento. Después, el foco público seguirá en la revisión de bases y la eventual convocatoria: el proceso puede moverse, pero solo si se mueve con rastro y reglas.
En Monclova la pregunta no es “si entró dinero”, sino qué significa. Cuando un juzgado pide precisión, es porque la precisión es lo único que separa un avance real de una expectativa que se vuelve humo.