Un tribunal en Monclova impuso 98 años de prisión a un agresor por secuestro agravado y violencia familiar, un fallo inusual por su severidad que coloca a Coahuila frente a una pregunta mayor: ¿podrá el sistema traducir sentencias ejemplares en política pública sostenida de prevención, atención y seguimiento a víctimas?

De acuerdo con autoridades y cobertura regional, la resolución fue calificada como histórica y refuerza el mensaje de que la violencia extrema dentro del hogar sí recibe castigo cuando la investigación articula ministerios públicos especializados y centros de justicia para mujeres. El caso, además, subraya que la perspectiva de género y la acumulación de delitos permiten penas más altas y acordes al daño causado.

El ángulo estatal es doble. Primero, disuasión: sanciones contundentes deben volverse la norma, no la excepción. Segundo, prevención y cuidado: Coahuila arrastra tasas elevadas de violencia familiar en reportes recientes; sin campañas permanentes, redes de refugio, atención psicológica y medición pública de resultados, la sentencia no basta. La ciudadanía necesita indicadores trimestrales (carpetas, vinculaciones, sentencias, tiempos de respuesta) y protocolos verificables de reparación integral.

Queda pendiente que la Fiscalía y el Poder Judicial publiquen series históricas de sentencias por violencia familiar y secuestro intrafamiliar, además de un tablero estatal que permita comparar regiones (Centro-Desierto, Laguna, Sureste, Carbonífera). ¿Cuántos casos con violencia combinada han recibido castigos proporcionales en los últimos dos años?

Una sentencia ejemplar envía una señal clara, pero la seguridad en casa se construye todos los días. El reto para Coahuila es convertir el “caso histórico” en estándar verificable: prevención medible, atención digna y justicia consistente. ¿Cuándo veremos esos datos abiertos —y su mejora— cada trimestre?