En La Laguna, la discusión sigue encendida entre productores, transportistas y empresarios: mientras unos denuncian cobros indebidos y extorsiones vinculadas a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), su dirigente regional, Rafael Esparza Reyes, negó categóricamente estas prácticas y aseguró que la organización “no se dedica a extorsionar, sino a defender derechos laborales”.

El líder sindical sostuvo que las acusaciones son producto de intereses políticos y de la competencia con otras centrales obreras. Afirmó que CATEM ha buscado mantener diálogo abierto con empresas y transportistas para generar acuerdos legales en materia laboral, sin imponer cuotas ni “derecho de piso”. Incluso destacó que los estatutos de la organización están enfocados en la formalización de contratos colectivos y no en la intromisión en cadenas de producción o comercialización.

El contraste es evidente: apenas hace unos días, productores y transportistas de Coahuila y Durango denunciaron públicamente presiones económicas y monopolio en el traslado de ganado y pollinaza, señalando directamente a la CATEM como responsable. Aunque no se han presentado pruebas documentales que sostengan en tribunales los señalamientos, el clima de desconfianza persiste en las comunidades rurales y mercados regionales.

Está confirmado que el dirigente sindical ya fijó postura y que niega cualquier participación en actos de extorsión. Lo que falta por aclarar es si las fiscalías abrirán una investigación formal para deslindar responsabilidades, si los empresarios se animarán a presentar denuncias con pruebas verificables y si el gobierno estatal asumirá un papel más activo para resolver las tensiones.

Negar no es suficiente cuando la duda ya está sembrada. Si en La Laguna el trabajo es rehén de la sospecha, corresponde a la justicia y a la autoridad estatal poner orden: o se prueban los abusos, o se limpia el nombre de quienes hoy cargan con el señalamiento.