La Fiscalía de Coahuila confirmó que existía una orden de aprehensión vigente contra Édgar “N”, alias “El Limones”, por extorsión agravada, derivada de denuncias de empresarios. Y ahí está la polémica, si ya había orden, la discusión deja de ser “se investiga” y se convierte en “¿por qué no se ejecutó a tiempo?”. Porque la extorsión no se combate con confirmaciones; se combate con acción que llega antes del siguiente cobro.

En paralelo, el proceso federal sigue su propio cauce y avanza por delitos distintos. Eso puede ser relevante en lo judicial, pero en lo local no resuelve el hueco principal: Coahuila tenía un instrumento legal listo y, aun así, La Laguna vivió el costo social del miedo a denunciar. El problema no es que falten leyes; el problema es cuando el Estado tarda, titubea o no explica por qué una orden vigente no se traduce en resultados en la calle.

Aquí el filo también toca a los municipios: no pueden tratar la extorsión como un tema “ajeno” mientras el daño ocurre en su territorio. Si el comercio y la industria sienten presión, el municipio tiene obligación de coadyuvar con prevención, canalización de denuncias, acompañamiento y coordinación visible. Sin eso, la narrativa se vuelve la de siempre: el ciudadano se queda solo, y el Estado aparece ya cuando el caso se volvió titular.

La salida responsable no es complicada; es incómoda porque obliga a rendir cuentas. Estado y municipios deberían publicar, sin poner en riesgo a víctimas: (1.. desde cuándo estaba vigente la orden y qué acciones se intentaron, (2… qué mecanismo de denuncia se reforzará y en cuánto tiempo responde, (3… qué medidas de protección se activan para quien denuncia, y (4… un corte periódico de resultados contra extorsión por región. Si no hay transparencia mínima, lo que queda es sospecha: que la justicia llega tarde, o llega solo cuando ya no hay manera de voltearse.

Y la pregunta que se queda, si Coahuila ya tenía la orden, ¿cuántos casos más siguen “listos” en papel mientras la calle sigue pagando el precio?