Monclova estiró los horarios de venta de alcohol hasta el 31 de diciembre con permiso especial por giro, y a la par extendió el operativo antialcohol de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.; el ajuste reavivó el debate porque las multas más severas hoy se reportan en hasta 8,500 pesos, mientras meses atrás se hablaba de montos menores en 2º y 3º grado.

La decisión, en papel, tiene lógica administrativa: si se amplía el horario, también se amplía la vigilancia. El Cabildo aprobó rangos específicos por tipo de negocio y estableció un permiso especial con costos diferenciados. El mensaje: “se puede operar más, pero con reglas”.

El problema es la lectura social. En la práctica, cuando una ciudad alarga la noche y simultáneamente sube el costo de equivocarse al volante, la gente no sólo piensa en seguridad: piensa en incentivo y castigo en el mismo paquete. Y esa percepción se alimenta con el contraste: en mayo se hablaba de 8,000 pesos para 3º grado y 6,000 para 2º; hoy aparecen 8,500 y 6,500.

Este patrón no es aislado: Coahuila ha movido piezas para permitir extensiones de horario bajo esquemas de permiso y cobro. Eso vuelve el tema estatal: cómo equilibrar economía nocturna, salud pública y seguridad vial sin que parezca negocio redondo.

Para que la discusión no se quede en grilla, falta lo más importante: el acuerdo oficial y la tabla vigente de sanciones en un enlace público, más un tablero sencillo con cortes (semanal/quincenal) de accidentes, puntos de revisión, horarios y resultados. Si el operativo es preventivo, debe poder demostrarse con datos.

La pregunta no es si debe haber control: claro que sí. La pregunta es otra, más ciudadana: ¿quién está cuidando que la regla no se convierta en “trampa” por falta de información y transparencia?