En el arranque fuerte de la temporada decembrina, se acumulan denuncias de paisanos que aseguran haber sido detenidos y obligados a pagar “cobros” en tramos carreteros de Coahuila, principalmente en la ruta Piedras Negras–Monclova–Castaños, con montos que —según los testimonios— han llegado hasta 1,600 dólares; el tema ya empujó pronunciamientos oficiales y reabre una pregunta básica: ¿quién vigila a quienes vigilan?

En relatos difundidos públicamente, viajeros describen paradas desde los primeros kilómetros tras cruzar por Piedras Negras y señalan participación de corporaciones municipales, estatales y presuntos filtros federales; incluso ubican puntos específicos sobre la carretera 57 donde, afirman, se repiten las detenciones y las exigencias de pago. Son acusaciones delicadas que requieren investigación formal, pero su patrón —cuando aparece en temporada alta— pega directo a la confianza y al flujo familiar y económico del estado.

Del lado institucional, la Fiscalía General del Estado advirtió una política de “baja inmediata” para elementos que intenten extorsionar en carreteras y reforzó el mensaje de denuncia. En paralelo, la Guía Paisano recuerda que las y los connacionales cuentan con canales formales para reportar abusos durante su trayecto y pedir orientación. La clave es que el “denuncia” no se quede en palabra: tiene que convertirse en trazabilidad, expediente y sanción.

Si Coahuila quiere cuidar su temporada y su reputación, se necesita un paquete visible y medible: listado público de puntos de revisión autorizados (y quién manda ahí), identificación obligatoria y verificable en cada inspección, cero “multas” sin recibo y fundamento, auditorías sorpresa, y un tablero quincenal con número de quejas, tramos, estatus y sanciones. Y, cuando aplique, coordinación clara con autoridades federales para que no existan “filtros fantasma” donde nadie responde.

Coahuila no puede normalizar que el regreso a casa se sienta como ruleta. Cuando la gente viaja con papeles en regla y aun así teme la siguiente patrulla, el daño es doble: al bolsillo y a la confianza. La pregunta ciudadana es simple: ¿cuántos retenes se necesitan para dar seguridad… y cuántos para quitarla?