El Congreso de Coahuila dio por concluido el análisis del Segundo Informe de Gobierno con elogios a la “transparencia” y el “orden” de las comparecencias, pero los propios datos oficiales y ejercicios de verificación muestran que en temas clave —seguridad, violencia contra las mujeres y empleo formal— la narrativa triunfalista del informe deja fuera la parte que más le duele a la ciudadanía.

En Torreón, el diputado local Felipe González Miranda describió la glosa como un ejercicio “pulcro y transparente”, subrayando que todas las secretarías “mostraron un trabajo sólido y sin rezagos significativos”. Desde el gobierno estatal se insiste en una ruta de éxito: inversiones por más de 150 mil millones de pesos, 170 proyectos de 17 países y 66 mil empleos formales generados en dos años, además de 7 mil 500 millones de pesos destinados a seguridad para consolidar a Coahuila como “el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte de México”.

Sin embargo, un análisis independiente del propio discurso del informe muestra que varias de estas afirmaciones son, cuando menos, discutibles. En seguridad, el mensaje oficial mezcló percepción con delito al usar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana como si fuera estadística criminal, para sostener que Coahuila es el segundo estado más seguro del país. Los datos duros del Secretariado Ejecutivo, en cambio, colocan a la entidad como segundo lugar nacional en narcomenudeo, con 8,731 carpetas de investigación en 2024 y un aumento cercano al 58 % en seis años, con focos rojos en Saltillo, Torreón y Monclova.

Algo similar ocurre con la violencia hacia las mujeres. Mientras el informe presume una reducción “considerable” gracias a fiscalías especializadas, policías violetas y 500 puntos de apoyo, los registros del Secretariado Ejecutivo hablan de 12,634 denuncias por violencia familiar hasta octubre de 2025, con Coahuila entre los estados con más casos, y proyección de cerrar el año por encima de 2024, el más alto en la historia reciente. A ello se suman más de 400 denuncias por violación en diez meses y altos niveles de llamadas de emergencia por abuso y violencia sexual. La cúspide del problema —los feminicidios— sí muestra una baja, pero el resto de las agresiones sigue prácticamente en la misma zona de riesgo.

En materia de empleo, el contraste es todavía más evidente. Mientras el mensaje político habla de 66 mil nuevos empleos formales, los registros del IMSS consultados a través de la plataforma de la Secretaría del Trabajo indican que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, el número de personas aseguradas en Coahuila pasó de 856,830 a 860,281: un incremento real de apenas 3,451 plazas formales. El propio gobierno matizó después que las nuevas inversiones “generarán” esos 66 mil empleos, pero el número se mantuvo en los comunicados oficiales y en la narrativa del informe, sin que el Congreso colocara sobre la mesa esa diferencia entre promesa y realidad.

Si el informe y su glosa realmente quieren ser un ejercicio de rendición de cuentas y no sólo de buena forma parlamentaria, el siguiente paso lógico sería fijar metas verificables: reducir la tasa de narcomenudeo con indicadores claros por municipio, disminuir de manera medible la violencia familiar y sexual, y transparentar cuántos de los empleos anunciados están ya registrados ante el IMSS y en qué regiones. Tableros públicos trimestrales, con responsables identificados y rutas de corrección, valdrían más que cualquier adjetivo sobre orden y diálogo.

La transparencia no se mide por lo terso del debate, sino por la distancia entre el discurso y las cifras que sostienen la vida diaria de la gente. Coahuila tiene avances importantes, sí, pero también pendientes que ya nadie cree que se resuelvan sólo con eslóganes. La pregunta es si el Congreso será capaz de usar la próxima glosa para discutir esos huecos incómodos o si seguirá celebrando la forma mientras la realidad se queda fuera del cuadro.