El nuevo acuerdo nacional que lleva el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios y abre la puerta a una jornada de 40 horas semanales llega a Coahuila con el visto bueno de Coparmex Laguna y del sector empresarial; sin embargo, en la práctica ocho de cada diez trabajadores en la región siguen atrapados entre uno y dos mínimos, jornadas largas y empleos precarios donde el ajuste se siente más en el discurso que en la cartera.

A nivel nacional, el acuerdo de la Conasami establece que, a partir del 1 de enero, el salario mínimo pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, un incremento de 13% que lo sitúa en alrededor de 9,500 pesos mensuales. En la frontera norte, el mínimo subirá a 440.87 pesos diarios. El gobierno federal presume que, desde 2018, el mínimo ha crecido cerca de 150% en términos nominales y que esa política ha contribuido a reducir la pobreza, al tiempo que sindicatos, empresas y autoridades hablan de un “punto de equilibrio” que no presionaría la inflación.

En paralelo, la Presidencia y la Secretaría del Trabajo impulsan una reforma constitucional para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas entre 2027 y 2030, con recortes de dos horas por año y sin bajar salarios. La iniciativa, enviada al Senado, incorpora límites más claros a las horas extra, mejores registros de cumplimiento y el objetivo de mejorar salud, productividad y vida familiar. Sobre el papel, México se acercaría así a los estándares de otros países de la OCDE, después de décadas con una jornada legal prácticamente intocada.

Cuando el foco se baja a La Laguna, el cuadro se complica. De acuerdo con datos recientes, el salario promedio en el área metropolitana de Torreón ronda los 13,484 pesos mensuales, con una jornada media de 41.8 horas a la semana; sin embargo, los ingresos están fuertemente concentrados en la parte baja: ocho de cada diez trabajadores ganan entre uno y dos salarios mínimos al mes, es decir, entre unos 8,300 y 16,700 pesos. La proporción de personas que perciben más de cinco mínimos apenas rebasa el 1.5%.

Los datos nacionales confirman la misma tendencia: en el tercer trimestre de 2025, 39.5% de la población ocupada recibió hasta un salario mínimo y 30.2% ganó más de uno y hasta dos; al mismo tiempo, la tasa de condiciones críticas de ocupación —jornadas muy largas con ingresos bajos— llegó a 34.4%, y la informalidad laboral se mantuvo en torno al 55%. Coahuila muestra mejores cifras de desempleo e informalidad que el promedio del país, pero sus propios monitores apuntan a un aumento reciente en la proporción de personas en condiciones críticas de ocupación, es decir, trabajando más de lo que indica la ley por menos de lo que prometen las cifras macro.

En ese contexto, el respaldo de Coparmex Laguna al nuevo mínimo y a la ruta de 40 horas tiene una lectura doble. Por un lado, es relevante que el empresariado organizado de la región se sume a un acuerdo tripartito que busca recuperar poder adquisitivo y mejorar vida laboral. Por otro, la realidad que viven meseros, obreras, cajeros, repartidores o personal de maquila sigue marcada por sueldos que apenas alcanzan la canasta básica, contratos frágiles, esquemas informales y horas extra que muchas veces ni siquiera se pagan. La brecha entre lo que se acuerda en la mesa y lo que ocurre frente a la línea de producción o la caja registradora sigue siendo el punto ciego del discurso.

Si Coahuila quiere que el aumento al mínimo y la jornada de 40 horas se conviertan en algo más que una buena noticia en redes, hace falta un tablero laboral con apellido local: metas públicas por año sobre cuántas personas dejan de ganar menos del mínimo, qué porcentaje de empresas aplica de verdad las 40 horas sin bajar el sueldo, cuántas inspecciones se realizan y cuántas sanciones se imponen en casos de abuso. Gobierno, cámaras empresariales y sindicatos tienen los datos; lo que urge es que los pongan sobre la mesa, por municipio y por sector, para que cualquier trabajador sepa si el anuncio ya le pegó a su nómina… o sólo a los discursos.

Los acuerdos sobre salario y jornada pintan un horizonte más digno para el mundo del trabajo, pero las cifras de precariedad recuerdan que muchos coahuilenses siguen haciendo malabares con uno o dos mínimos para sostener a su familia. Entre la ocupación y la precariedad, el reto ya no es sólo anunciar cambios, sino demostrar que se cumplen en la nómina, en el reloj checador y en la mesa de la casa.

La pregunta que queda al aire es sencilla y dura: ¿cuándo podremos decir, sin discurso de por medio, que en Coahuila no sólo casi todos trabajan, sino que también pueden vivir bien de su trabajo?