El informe del alcalde de Torreón, arropado por el gobernador Manolo Jiménez, volvió a presentar a Coahuila como un estado “blindado” y a la Comarca Lagunera como ejemplo de seguridad y crecimiento, con 1,580 millones de pesos en obras para 2026 y cientos de patrullas en operación; sin embargo, los propios monitores oficiales muestran aumentos en robos, violencia familiar y amenazas, y las cifras de pobreza recuerdan que miles de coahuilenses aún no sienten esa diferencia en su vida diaria.

En el papel, la narrativa es potente. Coahuila presume una de las tasas más bajas de homicidios dolosos del país y, según la ENVIPE 2025, se consolidó como el segundo estado más seguro de México, con la mayoría de su población diciendo sentirse relativamente segura frente a la realidad nacional. El Plan Estatal de Desarrollo incluso retomó la idea de un “Coahuila blindado” como eje de gobierno. En esa lógica se inscriben los discursos en Torreón: una inversión histórica en infraestructura municipal, más de 700 millones de pesos en seguridad coordinada y una ciudad que, desde el escenario, se vende como territorio sólido para vivir e invertir.

Sin embargo, cuando se baja del teatro a las calles, los números cuentan una historia menos cómoda. En enero de 2025, los reportes de robos en la Zona Metropolitana de La Laguna subieron 35.6% respecto a diciembre, y casi 40% sólo en Torreón; los casos de violencia familiar y amenazas también aumentaron de forma notable. Para julio, los informes de seguridad seguían registrando cientos de incidentes de violencia, y aunque en promedio regional bajaban los delitos sexuales, en el municipio de Torreón las carpetas por este tipo de delitos crecían. Es decir: el blindaje estatal puede funcionar frente a los grandes delitos de alto impacto, pero la violencia de todos los días sigue tocando la puerta de muchas familias.

A la par, los indicadores sociales ponen un piso más duro. En Torreón, cerca de una cuarta parte de la población vivía en pobreza moderada en 2020 y otro porcentaje en pobreza extrema; además, más de un 26% era vulnerable por carencias sociales, principalmente por falta de seguridad social, servicios de salud y alimentación. En toda la región lagunera, la proporción de personas pobres o vulnerables es similar. A nivel estatal, Coahuila muestra mejores números que buena parte del país, pero eso no borra el hecho de que decenas de miles de personas siguen atrapadas entre la informalidad, servicios incompletos y un ingreso que apenas alcanza para lo básico.

En este contexto, los informes de resultados —municipales o estatales— logran exhibir aciertos reales: menos homicidios que en la mayoría de los estados, inversión pública sostenida, llegada de empresas y coordinación policíaca. Son logros importantes y nadie puede negar que ése es, justamente, el trabajo de las autoridades. Lo que duele es lo que casi nunca se menciona en el escenario: la madre que sigue viviendo con miedo por las amenazas del agresor, el comerciante que ya se acostumbró a los “cristalazos”, el joven que evita ciertas rutas de camión por los asaltos, la familia que no ve reflejado en su colonia ni el “blindaje” ni los millones anunciados.

Si Coahuila quiere que el discurso de “blindaje” no suene a eslogan, los próximos informes deberán ir más allá de las cifras agregadas. Se necesitan metas públicas por colonia y por tipo de delito —menos robos, menos violencia familiar, menos amenazas—, tableros abiertos a la ciudadanía, cortes trimestrales verificables y responsables con nombre y cargo. Lo mismo con la pobreza y las carencias: compromisos concretos para reducir rezagos en seguridad social, salud y alimentación en los barrios donde más se sienten las ausencias. Sólo así la diferencia se notará fuera del teatro y de los spots.