La nueva detención de Erick Abizael “N”, propietario del anexo Escudo de Salvación en Frontera, ahora por un presunto robo violento de vehículo, vuelve a encender focos rojos sobre el modelo de anexos en Coahuila, donde en los últimos años se han documentado muertes de internos, centros clandestinos en Monclova y operativos estatales que confirman decenas de establecimientos irregulares pese a que existe una norma federal clara para su operación.

El nombre de Escudo de Salvación se instaló en la conversación pública desde junio de 2022, cuando un interno —Jesús Alfredo S.R.— murió tras una golpiza dentro del centro de rehabilitación ubicado en Frontera, hecho por el que se abrió la causa penal 0891/2022 por homicidio calificado y lesiones contra varios responsables. En 2024 se dictó la primera sentencia para uno de los implicados, mientras las víctimas sobrevivientes y familias han seguido acudiendo a audiencias entre apelaciones y acuerdos reparatorios fallidos. Ahora, la detención de Erick Abizael “N” por una carpeta distinta —un presunto robo con violencia de una camioneta en Monclova— lo coloca frente a dos procesos penales simultáneos y reactiva preguntas sobre cómo pudo seguir operando y acudiendo a audiencias mientras se acumulaban señalamientos sobre el anexo que dirigía.

Escudo de Salvación no es caso aislado. En la propia Región Centro, madres y padres han denunciado muertes y presunto maltrato en otros centros, como el anexo Sanareh en Monclova, donde familiares hablan de golpes, desnutrición y encierros forzados sin que los expedientes avancen con la velocidad que esperan. Vecinos han señalado casas adaptadas como anexos clandestinos en colonias del oriente y la zona centro, sin permisos ni supervisión, donde se internan personas contra su voluntad y se reportan torturas físicas y psicológicas; varios de estos lugares han sido clausurados por Ecología o Salud, pero reaparecen con otro nombre o dueño a las pocas semanas. A nivel estatal, la Fiscalía reconoce que en 2023 se detectaron al menos 19 anexos irregulares que operaban de forma clandestina, mientras en la Laguna sólo se verificó la mitad de los centros registrados y una parte terminó clausurada por prácticas inhumanas como golpizas y privación ilegal de la libertad.

El contraste con el marco federal es evidente. Desde 2009 está vigente la NOM-028-SSA2-2009, que establece criterios mínimos para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, incluyendo requisitos de infraestructura, personal capacitado, registros clínicos y respeto a los derechos humanos de las personas internadas. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) ha publicado guías específicas para la operación y supervisión de establecimientos residenciales de atención a las adicciones, con listas de verificación que obligan a revisar desde protocolos de ingreso y egreso hasta prohibición de castigos físicos, aislamiento extremo o trabajos forzados. En el papel, la ruta está clara y acompañada por una política federal que reconoce la salud mental y las adicciones como temas de derechos, no de castigo; el problema es cuando esa normatividad no baja con la misma fuerza a la supervisión cotidiana de los centros en estados como Coahuila.

Ante el ruido mediático, el propio gobierno estatal ha anunciado operativos para censar y revisar anexos, con la promesa de conocer sus métodos y regular su funcionamiento. En 2024, la Fiscalía y la Secretaría de Salud adelantaron un despliegue para “tener control” de estos espacios, luego de que reportajes nacionales describieran el “infierno” de varios centros de rehabilitación coahuilenses: hacinamiento, comida insuficiente, violencia y personas ingresadas contra su voluntad. El reto, sin embargo, no es sólo anunciar operativos después de cada escándalo, sino construir una vigilancia sostenida y pública: hoy la información sobre cuántos anexos hay, cuáles cumplen la norma, cuáles fueron clausurados y por qué, sigue dispersa entre comunicados, notas de prensa y declaraciones sueltas.

El caso Escudo de Salvación y los anexos clandestinos en Monclova deberían servir como punto de quiebre para una agenda compartida entre municipios, gobierno de Coahuila y la red federal de salud mental y adicciones. El paso concreto sería crear un padrón público de anexos y centros residenciales, cruzado con la NOM-028 y las guías de CONASAMA: nombre, ubicación, responsable, estatus de verificación, observaciones y sanciones aplicadas. A partir de ahí, fijar una meta verificable —por ejemplo, revisar todos los centros al menos una vez al año— y publicar los resultados en un tablero abierto, de forma que familias, jueces y fiscalías sepan a qué tipo de lugar están enviando a una persona. Con la normatividad y las herramientas federales ya sobre la mesa, lo que falta no es marco legal, sino voluntad de convertirlo en control real y transparente.

En Coahuila, los anexos se han convertido en refugio y riesgo al mismo tiempo: para algunas familias son la única ventana que ven para frenar una adicción; para otras, el lugar donde su hijo o pareja sufrió golpes, humillaciones o ya no salió con vida. El mensaje que manda hoy la Región Centro —con un dueño de anexo sentado ante dos jueces al mismo tiempo— es que dejar estos espacios al margen de la supervisión no sólo es injusto, también es peligroso. Si el estado quiere hablar en serio de salud mental y combate a las adicciones, tendrá que mirar de frente a sus anexos: con censos, verificaciones, clausuras cuando toque y alternativas dignas que hagan posible la rehabilitación sin convertirla en condena.