El síndico de la quiebra de Altos Hornos de México informó al Senado que la deuda real supera los 61 mil millones de pesos y que en enero de 2026 podría subastarse la “unidad productiva” de la acerera, con al menos ocho empresas interesadas. Mientras la decisión se cocina en tribunales, Monclova y la Región Centro siguen sin saber cuánto de esa operación llegará realmente a las manos de las familias obreras.

En Ciudad de México, la escena es de sala alfombrada y micrófonos oficiales. Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico del concurso de AHMSA y MINOSA, compareció ante la Comisión Especial del Senado y detalló que el pasivo total rebasa los 61 mil millones de pesos, con deudas divididas entre bancos, dependencias federales y proveedores, además de los créditos laborales de miles de ex trabajadores. Explicó que ya existe un avalúo base en dólares para la venta de la unidad productiva y que las bases de la convocatoria se encuentran en revisión en el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles. La promesa: si todo camina conforme a derecho, la subasta podría realizarse en enero de 2026.

Lejos del Senado, en las calles de Monclova, la película se ve distinta. La planta está detenida desde hace años, el empleo formal se desplomó y una parte de los ex obreros marcha hacia Saltillo para recordar que siguen sin salarios caídos ni finiquitos. Mientras el síndico insiste en que sólo se han vendido activos “no esenciales” para cubrir gastos del propio proceso —mantenimiento, vigilancia, requerimientos judiciales—, la información que se ha hecho pública señala que en cuentas bancarias apenas quedan unos cientos de miles de pesos líquidos frente a la montaña de deuda. Para las familias acereras, la pregunta es brutalmente simple: si ya se empezaron a vender piezas, ¿con qué se les va a pagar?

El tablero político agrega otra capa. La 4T heredó un caso marcado por la privatización irregular, el sobreprecio de la planta Agronitrogenados vendida a Pemex y los procesos penales contra Alonso Ancira por corrupción y lavado de dinero. Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Fiscalía mantienen vivo el expediente por incumplimiento del acuerdo reparatorio, mientras en paralelo acompañan —a través de la Profedet y dependencias federales— las discusiones sobre cómo asegurar que en la quiebra de AHMSA se respete la prioridad de los créditos laborales sobre bancos y grandes corporaciones. En otras palabras: el desastre no lo originó la 4T, pero ahora le toca evitar que se convierta en una gran operación de borrón y cuenta nueva para el viejo grupo empresarial.

En medio de todo, la posibilidad de que empresas siderúrgicas de alto perfil —nacionales y extranjeras— se queden con la unidad productiva despierta tanto esperanza como sospechas. Por un lado, sería la única vía realista para reactivar la producción de acero y recuperar parte del empleo perdido en Coahuila; por el otro, sin reglas claras de subasta y sin un esquema de transparencia, el riesgo es que la planta se venda a “precio de ganga” con cargo al erario y a los obreros, repitiendo el guion de privatizaciones sin control que ya conocemos.

Coahuila necesita que la subasta de AHMSA deje de ser un asunto de élites financieras y se convierta en un proceso vigilado en tiempo real por trabajadores, Congreso local, Senado y autoridades federales. Un mecanismo mínimo sería establecer un tablero público que detalle: valor de arranque de la unidad productiva, reglas de participación de los interesados, jerarquía de pagos a acreedores y, sobre todo, cuánto del flujo de la operación se destinará, como primer renglón, a liquidar créditos laborales. La coordinación entre el síndico, el Poder Judicial, el gobierno estatal y la 4T —con Profedet como actor visible— puede ser la diferencia entre una historia de rescate industrial y una crónica más de saqueo disfrazado de legalidad.

La quiebra de AHMSA ya no es sólo el colapso de una empresa: es un examen de Estado para medir qué tanto aprendió Coahuila de las privatizaciones opacas y de los acuerdos a puerta cerrada. La subasta de 2026 puede ser el punto de partida para reconstruir el tejido industrial de la Región Centro o el sello definitivo de una época en la que unos cuantos hicieron negocio y miles de obreros acabaron marchando por la carretera. Lo que se decida en los próximos meses dirá si la palabra “transformación” también aplica cuando el que está del otro lado de la mesa ya no es un funcionario, sino uno de los empresarios más poderosos del acero en México.