Ex trabajadores de AHMSA caminan desde la Región Centro hacia Saltillo para exigir salarios y finiquitos pendientes, mientras el concurso mercantil avanza a cuentagotas y el síndico promete una subasta que no termina de llegar. El contraste entre la caminata de adultos mayores y los expedientes en tribunales resume la crisis industrial más dolorosa de Coahuila.

La marcha arrancó en Castaños y Monclova con alrededor de 150 ex obreros; hoy continúa con decenas de trabajadores, muchos ya pensionados o con problemas de salud, que avanzan por la carretera 57 rumbo a Saltillo. Su exigencia es clara: pago de sueldos caídos, prestaciones y finiquitos que la empresa dejó pendientes tras su parálisis, además de una compensación por la privatización que convirtió a Altos Hornos en símbolo de promesas rotas.

Mientras la caravana duerme en ejidos como El Márquez, Santa Teresa o Frausto y cruza tramos peligrosos como La Muralla, en la Ciudad de México el caso se discute en frío: el síndico Víctor Manuel Aguilera explicó ante senadores que la deuda supera los 61 mil millones de pesos y que la subasta de la planta podría concretarse hasta enero de 2026, siempre que los acreedores lo permitan. En paralelo, se han vendido activos no esenciales, pero sin claridad total sobre montos y destino de esos recursos, lo que alimenta la desconfianza de los ex obreros.

En este tablero, la 4T aparece más como árbitro obligado que como responsable del desastre: el concurso mercantil fue heredado, la quiebra viene de años de mala gestión y de las decisiones tomadas durante los gobiernos priistas que privatizaron y toleraron la acumulación de deuda. Hoy el reto para las autoridades federales y estatales es demostrar que el procedimiento no será una “salida elegante” para la empresa, sino un proceso donde los primeros en la fila sean las familias trabajadoras.

La marcha abre una oportunidad: que el gobierno estatal, la Federación, el síndico y los representantes obreros acuerden un tablero público con metas claras: fechas para la convocatoria de subasta, orden de prelación de pagos, montos destinados a ex trabajadores y mecanismos de vigilancia ciudadana. Un comité de seguimiento donde participen el Senado, la Profedet y organizaciones obreras daría señales de que la 4T y las autoridades locales están del lado de quienes hoy caminan bajo el sol.

Coahuila está viendo en vivo cómo una marcha puede convertirse en espejo de su historia industrial: empresas privatizadas, deudas gigantescas y obreros que pagan la factura. La pregunta es si, esta vez, el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos en turno estarán a la altura de ese esfuerzo a pie, o si la carretera 57 terminará siendo sólo otra cicatriz en la memoria obrera de la Región Centro.