Mientras Axel “N”, de 19 años, espera que un juez de Frontera defina si será vinculado a proceso por el homicidio de Saúl “N” en la colonia Héroes de Nacozari, el gobierno de Coahuila presume cifras históricas a la baja en homicidios dolosos y una de las tasas de resolución más altas del país. Entre el discurso de “cero impunidad” y lo que viven las familias en la Región Centro se abre una brecha que la estadística oficial todavía no explica con claridad.

El expediente de Axel “N” resume la parte visible del sistema: un homicidio ocurrido el 16 de noviembre en Héroes de Nacozari, una orden de aprehensión cumplimentada dos días después y una audiencia donde la Fiscalía lo acusa de homicidio calificado con ventaja por la muerte de Saúl “N”, vecino conocido en la zona. La defensa pidió el plazo constitucional de 144 horas y la audiencia se difirió para ampliar la investigación con periciales y testimonios. Desde fuera, para la colonia y la familia, lo que se ve es a un joven detenido, un proceso que se mueve en lenguaje técnico y la pregunta incómoda de siempre: ¿cuánto tardará en saberse si habrá sentencia o si el caso se perderá entre fechas y oficios?

En paralelo, el discurso estatal va por otro carril. De acuerdo con cifras difundidas por el propio gobierno, Coahuila cerró 2022 con 158 homicidios dolosos, 2023 con 135 y 2024 con 131, el número más bajo en una década. El fiscal Federico Fernández ha llegado a afirmar que en agosto de 2025 se contabilizaban 58 homicidios dolosos en el año y que 57 ya estaban resueltos, lo que colocaría a la entidad con la “tasa de resolución más alta del país”, además de ubicarla en el segundo lugar nacional con menor tasa de homicidios, sólo detrás de Yucatán. A esto se suma el contexto federal: la estrategia de seguridad de la 4T presume una reducción del promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional —de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025— y un descenso en la tasa de homicidios registrada por INEGI en la primera mitad de 2024.

Sin embargo, que haya menos homicidios y más carpetas “resueltas” no significa automáticamente que la impunidad esté vencida. Un análisis de México Evalúa para Coahuila muestra que en 2021 sólo 7 de cada 100 delitos llegaron siquiera a investigación, y de esos casos 88.7% terminó impune; para homicidio doloso, la organización estimó que alrededor de 76% quedó sin resolución efectiva, ya sea porque no hubo reparación del daño ni sentencia, o porque el expediente se estancó. La diferencia entre lo que el Estado llama “caso resuelto” —a veces con sólo identificar a un presunto responsable o girar una orden de aprehensión— y lo que las víctimas entienden como justicia —sentencia firme, reparación, acompañamiento— explica buena parte de la tensión. En la Región Centro, familias de víctimas siguen reportando procesos que se extienden por años y audiencias diferidas donde la prisión preventiva sustituye, de facto, a un fallo definitivo.

La otra cara del problema es que casi nadie sabe, con números públicos, qué pasa con cada homicidio de Monclova, Frontera o la Carbonífera una vez que deja de ser nota roja. El Poder Judicial de Coahuila tiene una plataforma de “versión pública de sentencias” por distrito, pero no existe un tablero ciudadano que conecte esas sentencias con el universo total de homicidios registrados cada año. Así, mientras los informes oficiales subrayan que la entidad está entre las más pacíficas del país, de acuerdo con índices como el México Peace Index, la experiencia en colonias populares es la de expedientes que suben y bajan entre fiscalías y juzgados sin que las familias tengan claro en qué etapa están ni quién les acompaña.

Si Coahuila quiere que casos como el de Saúl “N” sean ejemplo de justicia y no de frustración, hace falta una agenda colaborativa entre Fiscalía, Poder Judicial, gobierno estatal, municipios y federación que vaya más allá de contar homicidios. Eso implica un sistema de seguimiento público que conecte cada carpeta por homicidio con su estatus procesal —investigación, vinculación, juicio, sentencia o archivo—, con tiempos promedio por etapa y datos abiertos por municipio. Los recursos federales de fortalecimiento a la justicia y la apuesta de la 4T por transparentar indicadores de seguridad pueden ser el soporte para construir ese tablero: si el gobierno presume la “tasa de resolución más alta del país”, lo razonable es que cualquier familia de la Región Centro pueda entrar a una plataforma y comprobar, expediente en mano, en qué parte de la cadena de justicia está su caso y quién responde por los retrasos.

El expediente de Axel “N” recuerda que, incluso en uno de los estados con menos homicidios del país, cada muerte violenta abre una grieta en la confianza ciudadana que las cifras por sí solas no cierran. Mientras Coahuila celebra récords a la baja y reconocimientos por su modelo de seguridad, la pregunta de fondo sigue en el aire en colonias como Héroes de Nacozari: ¿de qué sirve tener pocos homicidios si, para quienes ya perdieron a alguien, la justicia sigue siendo un camino largo, opaco y lleno de letras chiquitas? La verdadera prueba no está sólo en mantener el número de casos bajo, sino en demostrar —con datos y con sentencias— que ningún homicidio en la Región Centro se queda flotando entre un parte policiaco y un expediente empolvado.