Con la toma de protesta de 16 coordinadoras y coordinadores distritales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, Morena y el PT dibujaron en Coahuila el mapa adelantado de quienes casi con certeza buscarán una curul local en 2026, la única elección que se celebrará en el país ese año y que renovará por completo el Congreso estatal.

En una imagen que ya circula en redes se observa a los futuros operadores de la 4T en Coahuila recibiendo constancias de manos de la dirigencia nacional. Los nombramientos abarcan los 16 distritos de mayoría: Paloma de los Santos en el 1 de Acuña, Mayra Rangel en el 2 de Piedras Negras, Delia Hernández en el 4 de San Pedro, Alfonso “Poncho” Almeraz en el 5 de Monclova, Darinka Guerra en el 7 de Matamoros, Antonio Attolini en el 9 de Torreón, Pily de Aguinaga y Fernando Hernández en los distritos 10 y 11 de Torreón, Eduardo Hernández en el 14, Alberto Hurtado en el 15 y Alejandra Salazar en el 16 de Saltillo, mientras que cinco demarcaciones se reservan para perfiles del PT.

Formalmente, su tarea será afiliar, organizar comités seccionales, distribuir el periódico Regeneración y articular círculos de formación política en cada sección electoral. En los hechos, se trata de la figura que el partido usa como antesala de las candidaturas: “coordinadores de comités distritales” que coordinarán territorio y que, salvo sobresaltos mayores, serán la primera opción para encabezar las boletas en los comicios intermedios del gobernador Manolo Jiménez, uno de los últimos bastiones del PRI.

El contexto no es menor. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el proceso 2025–2026 en Coahuila renovará 25 diputaciones (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) en una elección “huérfana”, es decir, sin cargos federales ni alcaldías en juego.

Será una contienda cara y muy observada: el presupuesto aprobado para el proceso supera los 600 millones de pesos y, según estimaciones, poco más de 240 millones se destinarán directamente al financiamiento de los partidos, con Morena y el PT entre los principales beneficiarios por su peso en la elección anterior.

Frente a la narrativa de “campaña anticipada” que lanzan voces opositoras, la dirigencia morenista defiende la decisión como una forma de ordenar su despliegue territorial y llegar a 2026 con estructura real, no sólo con simpatía en encuestas. La apuesta es combinar los programas federales de bienestar —ya instalados en todo el estado— con comités seccionales vivos que traduzcan esa política en organización de base, debate político y defensa del voto, en alianza con el PT y sin cerrar la puerta a acuerdos locales con otras fuerzas afines.

Si estos nombramientos quieren ser algo más que una foto con diplomas, Coahuila necesita un tablero público de desempeño distrital: número de comités activos por sección, actividades de formación política, presencia en temas clave (agua, empleo, seguridad, movilidad) y propuestas concretas de reforma que cada coordinación construya con su territorio antes de pedir el voto en 2026. Con acompañamiento de la dirigencia nacional y una coordinación abierta con el árbitro electoral, Morena y el PT tienen la oportunidad de demostrar que su “defensa de la transformación” en Coahuila se mide con datos, no sólo con lealtades internas.

La jugada está adelantada: mientras la mayoría de los estados duerme rumbo a 2027, Coahuila ya tiene en la cancha a quienes buscarán mover el tablero legislativo en 2026. La pregunta de fondo es si estos coordinadores serán capaces de convertir el ánimo pro-4T y el peso de los programas federales en una mayoría que abra el Congreso —o si el viejo esquema de cuotas, grupos y campañas relámpago terminará repitiendo la historia de un parlamento a la medida del poder de siempre.