El cierre indefinido de los carriles inferiores del Puente Solidaridad, en el límite entre Torreón y Gómez Palacio, se volvió símbolo del “blindaje” de Coahuila: mientras el gobierno estatal presume arcos carreteros, filtros y control en la frontera con Durango, miles de laguneros ajustan rutas, tiempos y paciencia sin saber con qué indicadores se medirá si el sacrificio vial realmente se traduce en más seguridad.

El paso inferior del Puente Solidaridad —en la conocida Puerta Amarilla— quedó totalmente cerrado desde inicios de octubre tras una serie de hechos violentos vinculados a la inseguridad en Gómez Palacio. Lo que comenzó como una medida temporal hoy es, oficialmente, un cierre indefinido: todo el tráfico entre Coahuila y Durango debe utilizar la parte alta del puente, donde opera un filtro con elementos de la Policía de Acción y Reacción y cámaras de vigilancia permanentes, según confirmó la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.

El mensaje político es claro: el gobernador Manolo Jiménez ha repetido que “se hará lo que se tenga que hacer” para mantener a Coahuila seguro, y el cierre del paso bajo el Solidaridad se enmarca en una estrategia más amplia de blindaje que incluye arcos de seguridad carreteros, nuevos cuarteles y 19 accesos a Torreón con sistemas de videovigilancia e inteligencia. En días recientes, el propio gobierno estatal presumió obras similares en otros límites territoriales, reforzando la idea de un cinturón de control apoyado en coordinación con fuerzas federales.

Del lado ciudadano, el balance es menos solemne y más cotidiano. Transportistas, trabajadores y estudiantes que cruzan a diario entre Torreón y Gómez Palacio reportan filas más largas, pérdida de tiempo y necesidad de buscar rutas alternas en una zona metropolitana que ya arrastra más de 1,500 delitos al mes, con el robo y la violencia familiar como problemas recurrentes según los monitores de seguridad. Aunque los índices delictivos han bajado respecto a los años más graves de la crisis, la percepción de inseguridad sigue pesando y muchas personas ajustan horarios y hábitos por miedo, no sólo por el tráfico.

La apuesta del blindaje será creíble si se acompaña de datos abiertos: ¿cuántos incidentes delictivos se han evitado en los accesos por estos cierres y filtros?, ¿cuál es la comparación antes/después en delitos de alto impacto en la frontera con Durango?, ¿cómo se está coordinando Coahuila con la Guardia Nacional y autoridades federales para que el control carretero no sea sólo un embudo vial? La política nacional de seguridad ha insistido en la combinación de coordinación, inteligencia y prevención; una ciudad como Torreón, que ya conoce el costo de perder el control territorial, necesita ver números claros más allá del discurso de “todo está bajo control”.

Si el cierre bajo el Solidaridad va a quedarse “hasta nuevo aviso”, el siguiente paso lógico es un tablero público trimestral que informe cuántos delitos se registran en los accesos blindados, qué rutas alternas se fortalecen, cuánto se reducen los tiempos de traslado y qué inversiones en movilidad se están haciendo en la Zona Metropolitana de La Laguna. Con coordinación entre estado, municipios de ambos lados del río y la federación, la región puede construir una agenda donde el blindaje no se viva como castigo a quien va a trabajar o estudiar, sino como parte de una estrategia integral que combina seguridad, transporte y calidad de vida.

La decisión de cerrar un carril es sencilla; lo difícil es explicar por cuánto tiempo, con qué metas y con qué plan B para la gente que no tiene más opción que cruzar todos los días. En la frontera Torreón–Gómez, el verdadero reto no es solo blindar el puente, sino demostrar —con hechos y números— que cada fila soportada en Puerta Amarilla vale la pena en seguridad y no se queda sólo en una postal de filtros, patrullas y discursos.