Un bebé de tres meses, hoy bajo medida especial de protección en una casa hogar de Monclova, se convirtió en símbolo incómodo: mientras sus abuelos piden la custodia y la autoridad revisa si hay “familia de apoyo”, Coahuila arrastra más de 7 mil niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato en un solo año y cientos de retiros del hogar que tardan meses en definirse.
En la colonia Burócratas de Monclova, la historia comenzó como otro parte policiaco: un operativo por robo, un padre que huye cargando al bebé, una madre detenida y un lote baldío señalado como punto de abandono. El menor fue asegurado por la autoridad municipal, valorado en el Hospital General y turnado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), que dictó una Medida Especial de Protección mientras investiga el entorno. Pronto apareció otro ángulo: los abuelos maternos, que afirman haber criado a sus demás nietos, piden que el niño les sea entregado, pero la falta de registro civil complica la acreditación del parentesco y alarga la incertidumbre.
El caso no es aislado. De acuerdo con datos oficiales de Pronnif, durante 2024 la dependencia recibió más de 7 mil menores con reportes de maltrato en Coahuila, una cifra similar a la del año previo. En 378 expedientes se llegó al extremo de retirar a niñas, niños y adolescentes de sus familias; de ellos, 300 ya egresaron de las casas de apoyo, mientras que alrededor de 280 siguen institucionalizados y sólo 121 tienen su situación jurídica resuelta. Detrás de cada número hay decisiones sobre quién cuida, quién pierde la guarda y qué tan rápido el Estado acompaña a las familias que sí quieren hacerse responsables, como ocurre con varios casos de abuelos que han buscado la custodia de sus nietos en la Región Centro.
El marco legal va un paso delante de la práctica. La Ley en materia de adopción y acogimiento familiar de Coahuila establece que el Poder Ejecutivo, a través de Pronnif y el DIF estatal, está obligado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez, privilegiando soluciones familiares —incluida la familia extensa— sobre la institucionalización prolongada.
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Casos recientes, como el de un menor reintegrado con su abuela en la misma Región Centro tras un proceso de maltrato y sustracción, muestran que cuando hay acompañamiento jurídico y psicosocial consistente, los abuelos pueden convertirse en una red de protección real, no sólo en una salida desesperada.
La tarea ya no es sólo reaccionar a los abandonos más dramáticos, sino ordenar el sistema. Municipios —primer filtro a través de la policía y los reportes vecinales—, Pronnif, Registro Civil, salud y juzgados familiares necesitan ver el mismo tablero: cuántos menores están bajo medidas especiales de protección, cuánto tiempo llevan en acogimiento residencial, cuántos regresan con su familia de origen, cuántos pasan con familia extensa y cuántos llegan a adopción. Ese tipo de información, alineada con la política nacional de derechos de niñas, niños y adolescentes, permitiría que los esfuerzos federales y estatales de protección se traduzcan en rutas claras para cada niña y niño, no sólo en discursos de coordinación.
Coahuila tiene la oportunidad de hacer de este caso un parteaguas: un tablero público anonimizado de medidas especiales de protección, metas de resolución por expediente, indicadores de cuántos menores regresan con familia de origen o extensa, y plazos máximos para definir si un bebé como el de la Burócratas se queda en casa hogar o crece con sus abuelos. Con acompañamiento federal en materia de derechos de la niñez, capacitación a policías municipales y fortalecimiento de los equipos psicosociales, la agenda puede pasar del “caso viral” a una política de acogimiento familiar que funcione en todo el estado.
En Monclova hoy discutimos si un bebé debe volver con sus abuelos o seguir en una casa hogar, pero en realidad la pregunta va más lejos: ¿qué tan dispuesto está Coahuila a apostar por las familias que sí levantan la mano y a vigilarlas con rigor, en lugar de recargar todo en los albergues? Y en esa respuesta no sólo se juega el expediente de un niño de tres meses, sino el tipo de red de cuidado que queremos construir para miles de niñas y niños que ya están en el radar de Pronnif.














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