Tras la muerte de un alumno de seis años por el colapso de una techumbre en la primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel, en San Pedro, un hombre fue vinculado a proceso por homicidio culposo y podría enfrentar hasta 12 años de prisión, mientras autoridades estatales y federales revisan obras del programa La Escuela es Nuestra y techumbres escolares en distintas regiones de Coahuila.

El caso dio un giro judicial esta semana: la Fiscalía General del Estado informó que “José N.” fue vinculado a proceso como presunto responsable de homicidio culposo, al concluir que hubo negligencia en la supervisión de los trabajos al interior de la primaria Cuauhtémoc, donde una estructura metálica en construcción colapsó el 22 de octubre durante una clase de educación física y provocó la muerte del menor. El rango de pena que enfrentaría, en caso de sentencia condenatoria, va de ocho a doce años de prisión.

La tragedia exhibió además la ruta que siguió la obra: de acuerdo con reportes oficiales y notas de prensa, la techumbre formaba parte de un proyecto financiado con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, que transfiere recursos directamente a comités escolares para decidir en qué invertir. En este caso, la estructura se levantó sin un permiso formal de construcción y sin la supervisión técnica profesional necesaria, según han señalado crónicas que detallan omisiones como el uso de material más delgado y anclajes deficientes.

Mientras la Fiscalía retiró el aseguramiento del plantel tras concluir diligencias periciales, aclaró que la reapertura de la escuela depende de las autoridades educativas, que deberán garantizar que las instalaciones sean seguras antes de regresar a clases. En el ejido San Miguel, las familias siguen entre el duelo y la desconfianza: cualquier estructura nueva en patios escolares se mira ahora con recelo, y el nombre del programa ya no se asocia sólo con mejoras, sino con la pregunta de quién vigila que esas obras estén bien hechas.

La respuesta institucional se ha ido ampliando: la Secretaría de Educación y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ordenaron revisar techumbres y estructuras en planteles de diversas regiones del estado, a partir del antecedente de San Pedro. En la Laguna se reportan inspecciones específicas a obras de La Escuela es Nuestra, mientras que, en el norte de Coahuila, la Secretaría de Bienestar mantiene detenidos alrededor de ocho proyectos de techumbre hasta que concluyan revisiones técnicas del ICIFED. El mensaje oficial es que las inspecciones continuarán hasta cubrir la totalidad de los planteles con obras similares.

Al mismo tiempo, crece el debate sobre las responsabilidades compartidas: el programa federal busca fortalecer escuelas con participación directa de madres y padres, una de las apuestas de la Cuarta Transformación para reducir intermediarios; pero el caso de San Pedro evidencia que sin reglas claras de supervisión técnica, sin acompañamiento de instancias estatales y municipales, y sin transparencia sobre quién firma la seguridad estructural, el riesgo termina concentrado en las y los alumnos. La Fiscalía no descarta investigar a más personas si los dictámenes estructurales ubican otras omisiones relevantes.

Si la prioridad declarada de todos los niveles de gobierno es la seguridad de la niñez, el siguiente paso no puede quedarse sólo en un proceso penal individual: Coahuila necesita un censo público de techumbres y estructuras nuevas en escuelas, con dictámenes visibles para las familias, un calendario de revisiones y reforzamientos, y un tablero donde se vea quién financió la obra, quién la ejecutó y qué autoridad certificó que era segura. Una agenda colaborativa entre la federación (SEP, Bienestar y La Escuela es Nuestra), el gobierno estatal y los municipios —con metas trimestrales, responsables con nombre y cargo, y reglas claras de supervisión técnica— es la mejor garantía de que un programa pensado para fortalecer escuelas no vuelva a ser recordado por una tragedia.

El colapso de una techumbre en San Pedro no fue, para muchas familias, un “accidente” aislado, sino la señal más dolorosa de lo que pasa cuando la confianza supera a los protocolos. La justicia para el menor fallecido empieza en los tribunales, pero sólo será completa cuando cualquier madre o padre pueda mirar el techo de la escuela de sus hijas e hijos y saber, sin miedo, que detrás hay un proyecto bien hecho, revisado y explicado.
¿Veremos pronto, en línea y en la entrada de cada plantel, la ficha técnica de sus techos y obras recientes, o tendremos que esperar a otra tragedia para que se nos diga quién firmó que eran seguros?