Un juzgado federal autorizó vender por 5 millones de dólares un lote de maquinaria de AHMSA en Indiana como parte de la quiebra, un avance jurídico que contrasta con la realidad de miles de familias y empresas de la Región Centro y la Carbonífera de Coahuila, aún atrapadas entre deudas, desempleo y la incertidumbre sobre quién verá realmente ese dinero.

La resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles permite enajenar maquinaria y equipo industrial de AHMSA ubicado en Reynolds, Indiana, a la firma MagIron LLC por 5 millones de dólares, más del doble del avalúo original de 2.24 millones. La oferta incluye asumir adeudos del inmueble y gastos asociados, y se suma a otras operaciones recientes, como la venta de acciones en el Ferrocarril Coahuila–Durango, dentro de un paquete de activos de AHMSA y Minosa estimado en alrededor de 1,326 millones de dólares, todavía por debajo del tamaño total de la deuda con acreedores y trabajadores.

En el papel, el concurso mercantil prioriza el pago de créditos laborales; el propio juzgado ha ordenado integrar nuevas sentencias a favor de exobreros y exigir al síndico claridad sobre discrepancias contables y destino de recursos. Pero sobre el terreno el mapa se ve distinto: organismos empresariales de Coahuila llevan más de un año advirtiendo que la quiebra golpea no sólo a Monclova, sino a la Región Centro, la Carbonífera y al norte del estado, con proveedores en buró de crédito, inversión habitacional detenida y miles de familias reacomodando su vida laboral para sobrevivir a la caída del “gigante” siderúrgico.

A escala nacional, la ausencia de AHMSA ha abierto un hueco en la oferta de acero: la industria ha tenido que importar más insumo, con presión en precios y en la competitividad de sectores como la automotriz y la construcción. Para Coahuila eso significa algo más que números: estudios académicos documentan cómo el cierre de la planta obligó a estudiantes universitarios y familias de la Región Centro a asumir más jornadas laborales para sostener gastos básicos, mientras el estado intenta diversificar su economía hacia otras ramas, sin lograr todavía reemplazar el peso simbólico y económico de la acerera.

En medio de ese tablero, cada autorización judicial —como la venta del lote en Indiana— se vuelve una prueba de credibilidad: los procedimientos federales tienen el mandato de proteger primero los derechos de las personas trabajadoras y ordenar el pago a acreedores, pero en Coahuila la pregunta sigue siendo si los 5 millones de dólares y las operaciones que vengan se traducirán en calendarios públicos de pagos, rutas de reconversión productiva y una estrategia clara para que la Región Centro deje de vivir al día alrededor de una quiebra interminable.

Si la liquidación de activos de AHMSA va en serio, Coahuila necesita algo más que boletines: un tablero estatal y federal compartido, con metas trimestrales de pagos laborales y comerciales, listado de activos vendidos, montos y destino peso por peso, además de un plan de reconversión económica para la Región Centro y la Carbonífera, articulado con programas de bienestar, capacitación y atracción de nuevas inversiones. La quiebra ya es un hecho; lo que falta es una ruta coordinada —con nombres, cargos y fechas— para que la factura no la sigan pagando, en solitario, las familias de siempre.

Coahuila aprendió a vivir al ritmo de los altos hornos y ahora está aprendiendo, a la mala, a vivir sin ellos. La venta de maquinaria en Indiana puede ser legalmente impecable, pero si no se acompaña de transparencia radical y de una agenda económica para la Región Centro, quedará como otro capítulo de “aquí se decidió el futuro… pero lejos de donde se sufre el presente”.
¿En qué momento veremos, en un mismo tablero público, el mapa completo de activos de AHMSA, el dinero que entra y el impacto real en las colonias de Monclova, la Carbonífera y el resto de Coahuila?