En menos de una semana, un aviso jurídico advirtiendo que el IMSS podría suspender el servicio médico a más de 14 mil ex trabajadores de AHMSA y Minera del Norte por una deuda de alrededor de 755 millones de pesos desató pánico en la Región Centro; después vinieron los matices: ex obreros y dirigentes sindicales aclararon que la versión es falsa, consejeros empresariales consideraron “muy poco probable” que se corte el servicio a meses de concretar la venta de la acerera y, finalmente, el propio delegado del IMSS en Coahuila confirmó que la atención se mantendrá, respaldada por decretos presidenciales que ordenan proteger a este grupo hasta que concluya el proceso de AHMSA.

En el origen del ruido estuvo un representante jurídico de acreedores de la siderúrgica, quien ventiló que al interior del Instituto se analizaban movimientos administrativos que podrían “echar abajo” el beneficio extraordinario otorgado desde el decreto federal que permitió conservar el servicio médico a pesar de la deuda patronal. Habló de más de 14 mil personas potencialmente afectadas —alrededor de nueve mil ex trabajadores de Altos Hornos y unos cuatro mil de Minera del Norte— y de un adeudo en cuotas obrero-patronales que rebasa los 755 millones de pesos. La sola idea de perder el seguro social, después de casi tres años de cierre y quiebra, fue suficiente para llenar de angustia consultorios, salas de espera y grupos de chat en colonias obreras.

La respuesta desde el propio sector obrero no tardó: ex trabajadores organizados y representantes del Sindicato Democrático salieron a desmentir que hubiera una orden de cancelar el IMSS, subrayando que mantienen comunicación con autoridades federales del trabajo y del propio Instituto, y que existe un acuerdo vigente para sostener la atención mientras se concreta la venta de la empresa. A esa posición se sumaron voces del sector empresarial que participan en el consejo del IMSS en la entidad, quienes consideraron poco creíble que se retire el servicio a meses de que concluya el proceso, y anunciaron que pedirían aclaraciones directas al delegado. El mensaje final llegó precisamente desde esa oficina: en declaraciones recientes, el representante del Instituto en Coahuila aseguró que la atención médica para los ex obreros continuará hasta que termine el proceso de AHMSA, apoyada en los decretos presidenciales que han blindado su acceso a consultas, cirugías y tratamientos de alto costo.

Detrás del vaivén de versiones hay una realidad que no cambia: miles de familias en Monclova, Frontera y la Región Centro dependen de ese carnet del IMSS para quimioterapias, cirugías, hemodiálisis, partos y urgencias. La política federal de no dejarlos a la deriva —primero con un decreto que permitió mantener la cobertura aun con el adeudo de la empresa, y ahora con la ratificación de que el servicio seguirá hasta que concluya la venta— ha sido un salvavidas en medio del naufragio económico de AHMSA. Pero ese esfuerzo se debilita cuando la información baja a cuentagotas, se filtran escenarios sin aclarar y cada declaración incompleta se convierte en rumor de pasillo. La confianza en las instituciones también se construye con mensajes claros, tiempos definidos y un solo dato oficial, no con versiones cruzadas.

De cara a los próximos meses, la tarea en Coahuila parece sencilla de enunciar, aunque no tanto de ejecutar: que IMSS, representantes sindicales, instancias federales del trabajo y autoridades estatales publiquen, juntos, un comunicado con folio y firma donde se detalle hasta cuándo está garantizado el servicio, cuántos beneficiarios abarca, qué tratamientos incluye y qué ruta se seguirá para asegurar la continuidad de la atención una vez que cambie la situación jurídica de AHMSA. Que nadie se vuelva a enterar por trascendidos, sino por tableros claros y accesibles. La venta de la acerera puede tardar, renegociarse o incluso descarrilarse; la quimioterapia, la diálisis o la consulta del niño enfermo no pueden esperar a que se resuelva un pleito mercantil.

La Región Centro ya pagó el precio económico del colapso de AHMSA; sería injusto que también pagara con su salud la cuenta de una deuda que no firmó. Si hoy los decretos federales mantienen abierta la puerta del IMSS, la responsabilidad local es que esa certidumbre se sienta en el turno de consulta y no sólo en los encabezados: menos miedo a base de rumores y más tranquilidad sustentada en acuerdos públicos y verificables.