En Michoacán, el gobierno federal detuvo a Jorge Armando “N”, El Licenciado, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento de Día de Muertos; el gabinete de seguridad atribuyó el crimen a una célula afín al Cártel Jalisco Nueva Generación y lo colocó como pieza clave del nuevo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que despliega más de 10 mil elementos federales y una inversión de 57 mil millones de pesos para contener al crimen organizado, mientras organizaciones civiles recuerdan que en los últimos 25 años han matado a por lo menos 115–120 alcaldes en México —uno cada tres meses— y en Coahuila, que durante años presumió “blindaje” frente al CJNG, ya se han realizado cateos y detenciones de presuntos integrantes del mismo grupo en 2025, obligando a preguntar qué tan protegidos están hoy los presidentes municipales del estado.

El expediente de Uruapan resume la vulnerabilidad del poder local. De acuerdo con La Jornada y Milenio, la célula encabezada por El Licenciado habría planeado el ataque contra Manzo con semanas de anticipación; un joven de 17 años ejecutó los disparos y fue abatido en el lugar, mientras que al menos otros tres presuntos implicados fueron detenidos después y dos más aparecieron muertos, en un intento de borrar rastros.

Medios como El País y AP subrayan que el alcalde, electo por el Movimiento del Sombrero, había denunciado la presencia del CJNG en la zona aguacatera y había pedido públicamente apoyo a la Federación para enfrentar a los grupos criminales; su asesinato no sólo golpeó a un municipio ya harto de violencia, sino que encendió las alarmas sobre el papel de los cárteles en decidir quién puede gobernar.

Las cifras de largo plazo ponen el caso en contexto. Un recuento reciente de El Informador y La Silla Rota documenta que al menos 119 presidentes municipales han sido asesinados en México desde principios de los 2000, con Michoacán, Veracruz y Guerrero a la cabeza; las víctimas vienen de todos los colores partidistas —PRI, PAN, PRD, Morena, partidos locales e independientes—, lo que confirma que el crimen organizado no se casa con siglas, sino con territorios y negocios.

La constante, señalan especialistas, es la fragilidad de los municipios: policías con pocos recursos, alcaldes que heredan deudas y redes de corrupción, y una línea muy fina entre recibir amenazas, “negociar” desde la soledad institucional o enfrentar el costo de decir no. En ese tablero, organizaciones como el CJNG han logrado expansión en más de 20 estados, disputando rutas, puertos y economías locales, desde el aguacate michoacano hasta el trasiego en la frontera norte.

La respuesta de la 4T al asesinato de Manzo ha sido enviar una señal fuerte desde la Federación. El llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla el despliegue de más de 10,500 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina focalizados en Uruapan, Apatzingán y la franja costera, además de inversión en bienestar, agricultura, infraestructura, turismo y empleo; el gobierno de Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad han prometido informes quincenales sobre avances, reforzando la idea de que la estrategia no sólo es punitiva sino también social.

Es una apuesta que combina músculo federal, inteligencia y programas sociales, alineada con la lógica de la 4T de “atacar las causas” sin dejar de capturar a quienes ordenan los crímenes. El reto será que el plan no se quede en operativo de coyuntura, sino que logre reducir homicidios, extorsión y reclutamiento de jóvenes por parte de los cárteles.

Para Coahuila, el eco del caso Manzo llega con nombres propios. Aunque el estado presume indicadores de seguridad más favorables que otros focos rojos del país, este año Proceso y otros medios documentaron cateos en el norte del estado con la detención de presuntos integrantes del CJNG, al tiempo que reportes locales hablan de más de 200 y hasta 370 cateos en 2025 contra narcomenudeo y delitos relacionados.

La narrativa de que “el CJNG no tiene presencia en Coahuila” empieza a chocar con expedientes concretos; y aunque aquí no se ha registrado un asesinato de alcalde como el de Uruapan, sí hay antecedentes de amenazas a cabildos, policías municipales y funcionarios que pisan intereses de grupos criminales o redes de negocio opacas. En ese contexto, la pregunta para los municipios coahuilenses no es si la violencia de Michoacán se va a copiar calcada, sino si están haciendo lo suficiente para que los cárteles no decidan quién puede gobernar en la Región Centro, la Laguna o el norte fronterizo.

La lección que deja el caso Manzo a Coahuila es incómoda pero útil: no basta con que el mapa estatal se vea “menos rojo” que el de los vecinos. Se necesita que el gobierno de Manolo Jiménez y los ayuntamientos se sienten con el gabinete de seguridad federal a revisar protocolos específicos de protección para alcaldes y cabildos, reforzar y depurar policías municipales, transparentar los cateos y detenciones relacionados con crimen organizado, y cruzar esa información con programas sociales y de prevención para jóvenes en riesgo. Si el CJNG y otros grupos ya aparecen en los partes informativos del estado, lo responsable es adelantarse con una agenda clara, medible y compartida con la ciudadanía, antes de que una plaza de Coahuila tenga que aprender el nombre de su propio “caso Manzo”.