En noviembre de 2024, una jueza federal declaró en quiebra a Altos Hornos de México con deudas que superan los 5 mil millones de dólares y más de 17 mil trabajadores formales en la fila de acreedores; un año después, las plantas de Monclova siguen apagadas, la subasta de activos no arranca, alrededor de 40 por ciento de la economía local continúa resentida por la suspensión de operaciones y México produce unos 19.3 millones de toneladas de acero terminado frente a un consumo de 28.5 millones que lo obliga a importar casi un tercio, justo cuando Estados Unidos endurece aranceles al acero y la presidenta Claudia Sheinbaum promete “recuperar la siderúrgica de Coahuila” mientras despliega programas sociales y de empleo como Jóvenes Construyendo el Futuro para amortiguar el golpe en la Región Centro.
La fotografía jurídica explica buena parte del estancamiento. El 7 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil declaró la quiebra de AHMSA y ordenó que un síndico tomara control de los bienes para inventariarlos y venderlos “obteniendo el mayor producto posible” a fin de pagar a más de mil 600 acreedores, entre ellos Pemex, CFE, proveedores y ex trabajadores; el aviso apareció semanas después en el Diario Oficial de la Federación.
Desde entonces se ha hablado de activos conjuntos de AHMSA y Minosa por alrededor de 1,326 millones de dólares frente a pasivos que rebasan los 5 mil millones, pero al corte de noviembre de 2025 ni el juzgado ha publicado bases claras de subasta ni se ha autorizado un proceso competitivo para elegir comprador, lo que mantiene congelado cualquier plan serio de inversión industrial en las plantas de Monclova.
En el Senado, una comisión especial y la Profedet han advertido que ningún extrabajador debería quedarse fuera del reconocimiento de créditos laborales, pero los propios obreros denuncian que la ley de quiebras los manda al final de la fila después de bancos, grandes proveedores y el acuerdo reparatorio con Pemex.
En la calle, la crisis ya tiene años con nombre y apellido. La suspensión de operaciones de AHMSA desde finales de 2022 dejó sin empleo directo a unos 17 mil trabajadores y golpeó a decenas de empresas de transporte, minería, talleres y servicios en toda la Región Centro; análisis recientes calculan que hasta 40 por ciento de la actividad económica de Monclova dependía de la siderúrgica.
Tres años después, alrededor de 90 por ciento de las ex proveedoras de AHMSA siguen en buró de crédito, con créditos impagables y nulo acceso a nuevos financiamientos, mientras cámaras empresariales reconocen cierres de negocios, caída de ventas de hasta 40 por ciento y una “cuesta de diciembre adelantada” que se volvió permanente.
Para las familias, la reconversión ha sido forzosa: ex obreros que ahora manejan taxis, levantan changarros en la cochera o migran a otras ciudades, al tiempo que el Gobierno de Coahuila reparte apoyos alimentarios a ex trabajadores censados y municipios como Frontera ofrecen empleos temporales y facilidades en pagos de servicios para evitar que se queden sin luz o agua.
Al nivel del acero, el hueco que deja AHMSA se siente en la estadística y en la geopolítica. En 2023 México produjo 19.3 millones de toneladas de acero terminado, pero consumió 28.5 millones y tuvo que importar cerca del 30 por ciento desde Estados Unidos, China y Brasil; para 2024 y 2025, la Cámara Nacional del Acero estima consumos en torno a 27.6 millones de toneladas, con México ubicado en el lugar 15 como productor mundial y con estados como Nuevo León, Michoacán y Veracruz encabezando la producción.
En paralelo, la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos duplicó hasta 50 por ciento los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, poniendo en riesgo más de 20 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas y 380 mil empleos ligados a esa cadena; la respuesta de Claudia Sheinbaum ha sido un “Plan México” para elevar la producción automotriz, aumentar el contenido nacional de las autopartes y defender en Washington que México no es puerta trasera de acero chino, al tiempo que se blindan las plantas nacionales con inversión, energía y programas de bienestar.
Aun en ese escenario adverso, la 4T ha buscado mandar un mensaje político directo a la Región Centro: la presidenta se ha comprometido públicamente a “recuperar la siderúrgica de Coahuila” y su equipo presume que en el estado hoy más de 934 mil personas reciben apoyos de programas sociales federales, desde pensiones y becas hasta apoyos a personas con discapacidad y programas productivos; además, la Secretaría de Bienestar abrió este año mil 500 espacios de Jóvenes Construyendo el Futuro en 22 municipios, incluyendo Monclova, con becas de 8,480 pesos mensuales y seguridad social para jóvenes sin empleo.
Son amortiguadores reales, pero no sustituyen un salario industrial: sirven para que las familias aguanten la tormenta, no para sustituir de golpe a una empresa que durante décadas marcó el ritmo de la ciudad en sueldos, consumo y vida comunitaria.
Precisamente por eso, la agenda que viene no puede reducirse a esperar “al inversionista milagro”. Del lado judicial, se necesita que el juzgado de concursos publique un calendario claro de valuación, bases de subasta y filtros de integridad para cualquier grupo interesado, de modo que la historia de corrupción alrededor de Alonso Ancira y el acuerdo con Pemex no se repita con prestanombres.
Del lado político, el exhorto del Senado para construir un plan integral de apoyo a las familias de AHMSA debería aterrizar en una mesa formal donde se sienten gobierno federal, gobierno estatal, alcaldes de la Región Centro, cámaras empresariales y comités de ex trabajadores, con metas concretas: cuántos empleos industriales se quieren recuperar, cuántos negocios se pueden reconvertir a otros sectores (energías, autopartes, logística, agroindustria) y qué papel van a jugar programas federales como Jóvenes Construyendo el Futuro, créditos productivos y becas técnicas en esa transición.
Al final, un año sin hornos dejó claro que Monclova no puede seguir colgada solo de AHMSA, pero tampoco puede darse el lujo de que su principal complejo siderúrgico se pudra a la intemperie. La pregunta para Coahuila y para el país no es únicamente quién comprará la acerera, sino qué modelo de ciudad y de industria se quiere construir en la Región Centro cuando se vuelvan a encender —o se apaguen para siempre— los altos hornos.














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