En Torreón, donde entre 2022 y 2024 se registraron 133 muertes por accidentes viales —52 de motociclistas, 35 peatones, 31 automovilistas y 15 ciclistas— y en 2025 la ciudad ya superó las 38 defunciones del año pasado para llegar a 39, con los bikers a la cabeza de las estadísticas, la Dirección de Movilidad Urbana estrenó una estrategia de seguridad vial que por primera vez combina operativos, entrega de cascos y acompañamiento psicológico para quienes se mueven en moto, a través de una Unidad de Atención a la Salud Mental alineada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que reconoce el derecho de las víctimas de siniestros a recibir atención médica y psicológica integral, en un contexto donde Coahuila también reporta un alza en hospitalizaciones por choques y Saltillo vive su año más mortífero para motociclistas.

En la Laguna, la moto es herramienta de trabajo, taxi informal, vehículo familiar y, muchas veces, escape rápido del tráfico. Esa realidad se siente en las cifras: las muertes viales no dejan de crecer y los usuarios vulnerables —motociclistas y peatones— cargan el peso del desastre. Entre 2022 y 2024 murieron 133 personas en accidentes viales solo en Torreón; 52 de ellas iban en moto.
Para 2025, a tres meses de terminar el año, Tránsito y Vialidad ya contabilizaba 39 decesos, más que los 38 de todo 2024, con 16 motociclistas y 14 peatones encabezando la lista.
No es una anécdota aislada: en Saltillo, donde las motos apenas representan 4% del padrón vehicular, este año concentran 27% de los accidentes y han dejado al menos 9 personas fallecidas, mientras en todo Coahuila se reporta un aumento de hospitalizaciones por siniestros viales.

En ese escenario, la administración de Román Alberto Cepeda impulsa una nueva jugada: además de operativos como “Sin casco no viajas” y la entrega masiva de cascos certificados a motociclistas responsables, la Dirección de Movilidad Urbana acaba de poner en marcha un programa de acompañamiento psicológico específico para quienes usan dos ruedas, con sesiones preventivas para manejar estrés, pensamientos negativos y concentración al conducir, y atención posterior a un choque para ayudar en la recuperación emocional y el regreso seguro a la calle.

La estrategia se opera desde la Unidad de Atención a la Salud Mental de la dependencia y se presenta como parte de un paquete más amplio de prevención que incluye radares, alcoholímetros y operativos conjuntos con Seguridad Pública, que cada mes asegura decenas de motos, muchas de ellas conducidas por menores de edad.

El giro no es menor: la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada a nivel federal en la lógica de la 4T, reconoce en su artículo 23 el derecho de las víctimas de siniestros y sus familias a recibir atención médica y psicológica integral, además de reparación del daño y protocolos obligatorios para las autoridades.

Que una ciudad como Torreón aterrice ese mandato en un programa concreto para motociclistas —uno de los grupos más castigados por las cifras— manda un mensaje importante: la seguridad vial no es solo cascos y multas, también es salud mental, acompañamiento y decisiones basadas en datos. Pero ahí mismo aparece la deuda: con 39 muertes en el año y un historial de 133 decesos recientes, la ciudad sigue sin un tablero público que reporte, colonia por colonia, cuántos motociclistas reciben terapia, cuántos cursos se imparten, cuántos operativos se hacen y, sobre todo, si las curvas de muertes y lesionados empiezan realmente a bajar.

Si el Estado quiere honrar el enfoque de “sistemas seguros” que empuja la Estrategia Nacional de Movilidad, no basta con anunciar operativos cada vez que sube la cifra roja. Coahuila necesita cruzar datos entre ciudades: en Saltillo, Tránsito reporta más capacitación y remisiones de motociclistas, pero los decesos siguen en aumento; en Torreón, los operativos detectan menores sin licencia y motos usadas como juego en colonias, al tiempo que se monta el primer programa municipal de apoyo psicológico para víctimas.

Con esa información sobre la mesa, lo lógico sería que los municipios coordinen campañas regionales de educación vial, hagan públicos sus indicadores y pidan respaldo técnico al gobierno federal, que desde la Ley de Movilidad y esfuerzos como “Misión Cero” viene empujando una visión de cero muertes evitables en calle y carretera.

La jugada que falta es clara: si Torreón quiere que este programa no se quede en boletín, tendría que comprometerse a publicar, mes con mes, cuántos motociclistas recibe la Unidad de Atención a la Salud Mental, en qué colonias viven, cuántos regresan a manejar con licencias, equipo completo y capacitación, y cómo se mueven las cifras de muertes y lesionados. Al mismo tiempo, el gobierno estatal y los demás municipios de Coahuila podrían tomar la experiencia lagunera como laboratorio: replicar la combinación de terapia, casco y operativos, pero con metas, presupuesto y cronogramas visibles para cualquiera que abra el celular. La 4T ya puso en la ley que la atención psicológica después de un siniestro es un derecho; ahora falta que, en Coahuila, ese derecho se traduzca en menos cruces de flores blancas en las esquinas.

Cuando una moto se convierte en el vehículo más barato para trabajar, pero también en el camino más rápido al hospital, la seguridad vial deja de ser un tema de “cultura” y se vuelve un asunto de justicia. Torreón dio un paso distinto al poner psicólogos donde antes solo había infracciones, pero la verdadera prueba será si, en un año, las gráficas de muertes bajan y el modelo se comparte con Saltillo, Monclova y el resto del estado. La pregunta de fondo es incómoda y necesaria: ¿vamos a seguir contando cascos entregados o por fin vamos a contar vidas salvadas?