La Región Centro de Coahuila —Castaños, Monclova, San Buenaventura, Nadadores— implementa operativos de vigilancia en brechas y accesos limítrofes con Nuevo León para frenar incursionistas delictivos, pero la ciudadanía aún carece de acceso a un tablero donde ver cuándo, dónde y con qué eficacia se monitorean esos caminos.

Las autoridades refuerzan patrullaje en caminos rurales con apoyo de corporaciones estatales y federales, inspección de vehículos, retenes en brechas y vigilancia nocturna. Esto responde al riesgo identificado de uso de vías alternas para el trasiego de delincuentes y huida de vehículos ilícitos.
En paralelo, los últimos datos disponibles de victimización indican que Coahuila tuvo una tasa de 20 007 víctimas por cada 100 000 habitantes en 2024, según la ENVIPE.
A nivel estatal, aunque Coahuila figura fuera de los estados más violentos en homicidios dolosos, dicha cifra refleja la dimensión del problema de inseguridad.

Para que el blindaje sea efectivo y transparente, se requiere no sólo presencia policial sino información pública: qué rutas fueron cubiertas, cuántos desplazamientos se evitaron, qué presupuestos se asignaron, y a qué comunidades rurales se priorizó. Hasta ahora, los anuncios permanecen sin cronograma ni desglose municipalizado.

Las familias, transportistas, agricultores y habitantes de la Región Centro exigen que la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios publiquen un mapa interactivo de zonas vigiladas, número de patrullajes realizados, responsables asignados, monto del operativo y cortes trimestrales para verificar que las brechas se conviertan en vías seguras, no solo en titulares.

Blindar brechas no es solamente cerrar accesos: es abrir la visibilidad de lo que ocurre en ellas. Si la vigilancia se hace sin rendición de cuentas, los caminos seguirán siendo rutas ocultas para el crimen y la frustración de comunidades que esperan seguridad real. ¿Exigiremos que los operativos no sólo existan, sino que se puedan ver, medir y comprobar?