En La Laguna coahuilense, el hallazgo de otra fosa clandestina en el ejido Patrocinio reabre la herida de las desapariciones forzadas, justo cuando el estado carece de un tablero público que muestre avances concretos, sanciones o rutas de reparación para las familias de víctimas.

El descubrimiento fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que precisó estar en coordinación con colectivos como Grupo Vida y la Comisión Local de Búsqueda para verificar la antigüedad y contexto del hallazgo.
Los familiares y colectivos indicaron que podría tratarse de entre cuatro y cinco personas, pero que el sitio ya había sido investigado previamente sin conclusión firme.

Este caso se suma a docenas de fosas identificadas en el ejido Patrocinio desde 2015, reconocido como zona de exterminio del crimen organizado en Coahuila; sin embargo, no se ha publicado un informe estatal con el total de fosas, el número de restos identificados o los responsables procesados.

Mientras tanto, las familias esperan respuestas: sin transparencia pública, sin avances cuantificables y sin mecanismos regulares de rendición de cuentas, la falta de datos refuerza la impunidad y el dolor de quienes buscan a sus desaparecidos. Sin comparables verificables al corte.

Las comunidades exigen que la Fiscalía General y la Secretaría estatal publiquen metas clarísimas, responsables asignados, monto y cronograma de trabajos forenses, y cortes trimestrales que permitan saber cuántas fosas se han abierto, cuántos restos se han identificado, y cuántos delitos han sido sancionados, para que el compromiso con la verdad no quede en promesas.

La búsqueda de cuerpos no encontrados y de justicia no puede depender sólo del testimonio de los colectivos: requiere datos, acción institucional y visibilidad. Si los números permanecen en la sombra, las familias seguirán buscando en el desierto sin saber cuándo llegará el cierre del ciclo. ¿Aceptaremos que “se investiga” sea el fin del camino, o exigiremos que “se resuelve”?