La reciente exigencia en Torreón de que el conflicto del fraccionamiento Villa Florida se resuelva mediante consulta vecinal destapa una brecha persistente en Coahuila: la participación ciudadana está legalmente garantizada, pero la práctica en obra pública y contratos sigue opaca, lo que preocupa a vecinos, activistas y autoridades locales.

En Torreón, el diputado Antonio Attolini Murra urgió a que se convoque una consulta ciudadana para que los habitantes decidan sobre la obra del fraccionamiento Villa Florida, invocando la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila.
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Según el articulado, los instrumentos públicos permitidos son plebiscito, referendo, consulta popular, iniciativa ciudadana, audiencia pública y otros mecanismos de organización ciudadana.

Sin embargo, un análisis reciente revela que los municipios más grandes del estado “no transparentan por completo los contratos que formalizan para la ejecución de obras públicas”, lo que reduce la capacidad de la comunidad para supervisar decisiones clave.
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Esta opacidad contrasta con la obligación estatal de “remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio del derecho de las personas a participar en la vida pública”.

La disyuntiva es evidente: mientras la ley permite y promueve la participación ciudadana, su implementación queda a discreción municipal; ni la meta de consulta, ni los mecanismos de seguimiento ni los resultados se publican de forma sistemática. Esto debilita la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, y abre espacio para que las obras públicas técnicamente planificadas carezcan de respaldo social genuino.

Las comunidades piden que el estado y los municipios publiquen calendario de consulta ciudadana, responsable asignado, monto de la obra, contrato completo y cortes físico-financieros trimestrales, además de establecer metas de participación mínima para que las obras no se decidan fuera de la vista de quienes las habitan.

Una ley sin ejercicio real es como una obra sin planos: existe, pero no cumple su función. Si los coahuilenses no pueden decidir o fiscalizar los proyectos que transitan por su barrio, la “participación ciudadana” se queda en un nombre más que en un mecanismo de poder compartido. ¿Vamos a permitir que las obras se impongan en silencio o exigiremos que se construyan con voz, voto y seguimiento colectivo?