Un volumen estimado de más de 300 litros de soluciones químicas peligrosas se derramó en el hospital del ISSSTE en Monclova, generando evacuación, síntomas entre empleados y alerta sobre la seguridad en instalaciones de salud públicas de Coahuila. El suceso reabre el debate sobre protocolos, supervisión y responsabilidades del estado.

La tarde del martes, un estante que contenía contenedores con peróxidos y ácidos estabilizados colapsó en la bodega del hospital, provocando daños en varios bidones de 20 litros y la liberación de gases tóxicos que obligaron a evacuar a trabajadores y por lo menos 40 personas de una iglesia aledaña.

Empleados del hospital denunciaron que “solo usaron cubrebocas, sin overoles ni guantes” al limpiar el derrame, pese a no haber sido informados cabalmente de los riesgos.

El incidente ocurrió en un contexto de remodelación de la clínica federal, lo que según fuentes internas expone deficiencias en almacenamiento y capacitación para el manejo de sustancias peligrosas. Las autoridades de Protección Civil de Coahuila han declarado que se revisarán criterios de señalización, áreas de almacenamiento y protocolos de atención inmediata.

Este caso plantea una pregunta central para la vida institucional del estado: ¿cuántas clínicas u hospitales en Coahuila están operando con vacíos similares en el control químico y qué plan estatal existirá para corregir esto de raíz?

La salud pública no es solo camas y doctores, es también seguridad, equipamiento y procedimientos adecuados. Este derrame químico muestra una fragmento de lo que puede fallar: si no hay supervisión ni protocolos claros, el riesgo recae sobre trabajadores, pacientes y comunidad. ¿Cuándo convertirá Coahuila esa advertencia en un programa obligatorio de revisión y certificación para todos los centros de salud?