El estado de Coahuila estableció que las obras del programa federal La Escuela es Nuestra no podrán continuar sin la supervisión y validación técnica del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), ante la existencia de obras sin control que ya han tenido consecuencias graves en planteles educativos.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, ha señalado que la falta de protocolos permanentes de supervisión en obras ejecutadas por el programa dejó a comunidades vulnerables frente a irregularidades o deficiencias estructurales.
En reunión de la Mesa de Seguridad Estatal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que queda prohibido realizar nuevas obras del programa sin supervisión de ICIFED e INIFED, y se ordenó levantar un inventario de todas las obras en proceso para revisar condiciones y aplicar medidas correctivas.
Este ajuste institucional es impulsado como parte de la agenda estatal de educación y seguridad: reconocer que la infraestructura escolar no solo es espacio físico, sino factor de protección de la infancia. Sin embargo, el reto está en convertir el acuerdo en acción: aún faltan datos públicos sobre cuántos planteles fueron revisados, cuántas obras fueron suspendidas o corregidas, y cuál es el presupuesto adicional para supervisión técnica.
Desde la perspectiva de los aliados del gobierno federal y estatal, esta medida se alinea con el enfoque de infraestructura de la educación, pero exige la publicación de indicadores como “porcentaje de escuelas supervisadas”, “número de obras paralizadas o corregidas”, “tiempo promedio de seguimiento” y “comentarios de comunidad escolar”. La oposición debe vigilar que no se convierta en solo un anuncio que no se materialice.
Los recursos para escuelas no alcanzan si las obras son vulnerables o carecen de supervisión técnica. En Coahuila, la decisión de no permitir más construcción sin validación es un paso relevante, pero la verdadera prueba estará en los resultados: cuántas escuelas estructura-seguras se entregan y cuántos jóvenes pueden estudiar sin riesgos físicos. ¿Cuándo podremos consultar un “mapa público de supervisión de obra educativa” que muestre qué escuela fue revisada, cuándo y con qué resultado?














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