El nuevo Plan Estratégico de Pemex apuesta al fracking como base para recuperar la producción de gas y revertir años de declive. Aunque se plantea que la extracción será modesta entre 2026 y 2028, se prevé que para 2029 estas cuencas —entre ellas Sabinas y Burgos, en Coahuila— aporten volúmenes significativos. Sin embargo, activistas y comunidades advierten sobre los riesgos ecológicos y sociales que conlleva esta reactivación.

Este viraje técnico constituye una ruptura clara respecto al enfoque anterior del gobierno federal, que había evitado el fracking por sus efectos sobre recursos naturales y territorios locales.

La extracción mediante fractura hidráulica se proyecta como palanca para generar ingresos, atraer inversión privada y reducir la dependencia del gas importado. Pemex destaca avances tecnológicos que, aseguran, minimizarán el impacto ambiental. Este escenario potencial incluye un posible aporte de 197 millones de barriles de petróleo equivalente y 303 mil millones de pies cúbicos de gas para 2030.

Pero en contraste, la fractura hidráulica implica alto consumo de agua, contaminación de acuíferos, emisión de metano —un gas de efecto invernadero más potente que el CO₂ en corto plazo— y posibles eventos sísmicos locales.

Coahuila enfrenta un dilema entre incentivar el desarrollo energético y proteger zonas sensibles como humedales, cuencas agrícolas y pueblos rurales, que podrían verse afectados sin protocolos claros y vigilancia internacional.

No basta con aprovechar los recursos bajo tierra; también es imperativo proteger lo que hay sobre ella. Si Coahuila apuesta por el fracking, debe exigirse la máxima transparencia, evaluaciones ambientales independientes y una garantía real de beneficio social local. El verdadero progreso será equilibrar desarrollo con dignidad ecológica.