La propuesta de reformar el Reglamento de Justicia Cívica en Torreón para penalizar a padres de familia por las conductas de menores es un síntoma de una política pública agotada. Este caso se aborda como una falla regional con impacto social, donde la autoridad busca una salida rápida a problemas complejos de desintegración que no han sido atendidos desde la raíz presupuestal.

Hasta el momento, la autoridad municipal no ha acreditado la constitucionalidad de sancionar a un tercero por actos ajenos; la información proviene de las propuestas presentadas en las comisiones de seguridad recientes. La realidad desmonta el discurso de “prevención del delito” cuando los espacios públicos carecen de iluminación y vigilancia, dejando la responsabilidad última en el ámbito privado del hogar.

La agenda exigible demanda que el Ayuntamiento de Torreón desglose el destino de los recursos que se pretenden recaudar por estas multas y los plazos para implementar programas reales de rescate juvenil. Es imperativo que el titular de Seguridad Pública y los regidores responsables no utilicen la Ley de Justicia Cívica como una herramienta de presión financiera contra la ciudadanía.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: es mucho más fácil cobrar una multa a un padre de familia que desarticular las redes que promueven carreras clandestinas y violencia en las calles. ¿Es esta una medida para pacificar Torreón o simplemente un mecanismo para que el municipio se lave las manos ante su incapacidad de garantizar orden en la vía pública?