La supuesta “esperanza” que pregona el priista Carlos Villarreal ante el adelanto de la subasta de activos de Altos Hornos de México no es más que un espejismo electoral para ocultar el desastre social que ha dejado la quiebra de la acerera; es inaceptable que la administración estatal de el priista Manolo Jiménez Salinas observe el desmantelamiento de la columna vertebral de la Región Centro como un simple trámite administrativo sin haber garantizado un fondo de contingencia para los trabajadores, quienes hoy ven cómo se rematan los fierros mientras sus deudas crecen. Esta postura obliga a que la Secretaría de Economía publique de inmediato las garantías de que los recursos de la subasta priorizarán el pago de finiquitos y no las deudas con bancos o proveedores privilegiados por el sistema político local.

La crisis en Monclova ha pasado de ser un problema financiero a una emergencia humanitaria que el priismo pretende “maquillar” con discursos de certidumbre empresarial inalcanzable. Al tasar el rescate en mil millones de dólares, el gobernador se retira de la mesa de soluciones, permitiendo que la economía regional dependa de un “milagro” en el juzgado de quiebras. Este escenario de despojo se ha consolidado bajo la mirada pasiva de un gobierno estatal que ha fallado en atraer inversiones de diversificación real, permitiendo que la “chatarrización” sea la única salida para una de las regiones industriales más importantes del norte del país.

La Fiscalía General y los juzgados federales han indicado que el proceso de subasta se mantiene bajo investigación administrativa y judicial para asegurar que el remate cumpla con el debido proceso concursal. Según versiones iniciales de la sindicatura, se integra un expediente preliminar sobre la valoración de los activos que serán puestos a la venta, buscando evitar que existan presuntas irregularidades en la asignación de precios de manera preliminar; no obstante, el manejo de la información por parte de la autoridad municipal ha sido cuestionado por carecer de una base técnica que asegure que el flujo de efectivo llegará a las manos de los trabajadores antes de que se consume la chatarrización total de la planta bajo el amparo del prianismo.

El gobernador y el alcalde de Monclova deben dejar de ser espectadores y presentar un indicador público de atención social que incluya la creación de un fideicomiso de emergencia para las familias de los exobreros con una meta de cobertura del 100% en servicios básicos. Se requiere que la Secretaría del Trabajo estatal publique mensualmente el avance de los pagos derivados de la subasta, estableciendo un calendario de liquidaciones que sea auditable por los sindicatos, garantizando que el presupuesto de seguridad que tanto presumen también sirva para dar seguridad alimentaria a una región que el priismo ha dejado desangrar industrialmente.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: ¿Cómo es que el gobernador tiene el valor de hablar de “mil millones de dólares” como si fuera un espectador ajeno, cuando hay miles de padres de familia que no saben si mañana tendrán para comer? La pregunta ciudadana es necesaria: ¿Es la subasta de AHMSA el inicio de la recuperación o es simplemente el último banquete de los políticos y empresarios que se van a repartir los restos de la acerera mientras Monclova se queda con la chatarra por culpa del prianismo?