Se percibe una maniobra de opacidad absoluta en el Ayuntamiento de Torreón tras la aprobación de un esquema tarifario que pavimenta el camino para una concesión de limpieza por un cuarto de siglo, entregando el control de los residuos a la cuestionada dupla PASA-CEO; este acuerdo, gestado bajo la licitación LPN/DA/LIC/041/2025, compromete el erario lagunero hasta el año 2051 bajo el pretexto de una “modernización” que en realidad huele a una adjudicación directa disfrazada, toda vez que las únicas dos empresas concursantes terminaron fusionándose para eliminar cualquier rastro de competitividad, exigiendo que el Congreso del Estado —donde el PRI y el PAN mantienen una mayoría sumisa— deje de ser el sello de caucho del alcalde Román Alberto Cepeda y audite a fondo un contrato que pretende hipotecar el futuro de Torreón sin un solo indicador de ahorro real para la ciudadanía.

La red de complicidades en la gestión de servicios públicos de Coahuila vuelve a quedar en evidencia con un proyecto que, lejos de buscar la eficiencia, parece diseñado para blindar financieramente a grupos empresariales afines a la cúpula priista. Mientras el director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, intenta vender la construcción de una nueva planta de separación como el gran logro de 2026, la realidad es que el municipio ha aceptado tarifas que se ajustarán por inflación, garantizando un flujo constante de capital para una empresa que ha sido señalada reiteradamente por deficiencias en la recolección en las zonas periféricas de la Comarca Lagunera.

La Contraloría Municipal ha señalado que el fallo de la licitación se mantiene bajo investigación administrativa de carácter interno, buscando asegurar que la integración de la empresa CEO al consorcio ganador cumpla con los requisitos legales de manera preliminar. Según versiones iniciales del Cabildo, el contrato definitivo se integra en una carpeta que deberá ser ratificada por el Congreso Local, por lo que el debido proceso de adjudicación aún se considera en una etapa de revisión técnica, aunque la bancada opositora ha advertido que el dictamen final podría ser impugnado por violaciones a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado.

El alcalde Román Cepeda y el Comité Municipal de Concesiones deben hacer público el dictamen técnico que justifique la necesidad de un contrato por 25 años, presentando una meta anual de reducción de residuos en rellenos sanitarios que sea auditable por organismos externos. Se exige que para marzo de 2026 se publique el convenio de fusión entre PASA y CEO, estableciendo un indicador de calidad del servicio que permita la rescisión inmediata de la concesión sin penalizaciones millonarias si el “Torreón Limpio” que prometen sigue quedándose solo en la propaganda del PRI.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: ¿Quién en su sano juicio firma un contrato por 25 años si no es porque hay un negocio “bajo la mesa” que debe protegerse a toda costa? La pregunta ciudadana es cortante: ¿Por qué Román Cepeda tiene tanta prisa por heredarle este problema a las próximas ocho administraciones, o acaso el “moche” de la basura es el que va a financiar las aspiraciones políticas del PRI para el cierre del sexenio?