Para quienes transitan diario entre Laguna y Sureste, la controversia no es si “hubo operativo”, sino si los filtros se sostienen o aparecen solo cuando truena la noticia. En la madrugada del 16 de enero, sobre la carretera federal 40 a la altura del kilómetro 17 (zona del ejido Padre Santos), autoridades estatales interceptaron una pipa con alrededor de 55 mil litros de diésel de presunta procedencia ilícita; el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República. Lo que sigue debe ser claro: carpeta, judicialización y trazabilidad, con reporte público que permita medir si el golpe fue real o aislado.

Esto es un corredor logístico que conecta movimiento industrial, transporte pesado y abasto regional, por eso cada decomiso pega doble: a la seguridad en carretera y a la economía formal que compite contra combustible “barato” sin origen claro. Cuando el huachicol cruza por ahí, no solo se roba, también distorsiona y corrompe cadenas completas.

De manera preliminar y según la información difundida, la unidad fue asegurada porque el conductor no habría acreditado la procedencia del combustible; aun así, cualquier responsabilidad y tipificación se mantiene bajo investigación y será la FGR quien determine la situación legal y el rumbo del expediente, tratándose de delitos que se persiguen en el ámbito federal.

Decomisar es el inicio, no el cierre. Si la carpeta no avanza, si no hay trazabilidad y si el volumen asegurado no se traduce en procesos firmes, el mensaje se queda a medias. Y en un delito que mueve dinero rápido, los vacíos se vuelven invitación.

Esperamos en los próximos 30 días, la FGR en Coahuila debe informar —sin comprometer la investigación— si el caso avanzó a judicialización y con qué datos de trazabilidad (origen, ruta, destino) se trabaja; y, cada 7 días, la autoridad responsable de seguridad en carretera debe publicar un corte simple: filtros activos, revisiones realizadas, litros asegurados y carpetas turnadas a la FGR, para que la ciudadanía vea tendencia y no solo un titular. Para reportes ciudadanos, la FGR tiene canales formales de denuncia que deben difundirse de forma constante, no solo cuando hay decomisos.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: cuando el combate al huachicol se mide por litros y no por sentencias y redes desarmadas, el delito aprende, se adapta y regresa. ¿cuántos litros más hacen falta para que el indicador sea “carpetas resueltas” y no “pipas detenidas”?