Documentos oficiales del Departamento del Tesoro de EE.UU. vuelven a colocar a Coahuila en el radar por designaciones contra personas y entidades ligadas al narcotráfico, con referencias a municipios del estado. La pregunta ciudadana es directa: ¿qué controles detectan hoy empresas fachada y flujos sospechosos, y dónde están los reportes públicos?

Coahuila aparece en acciones oficiales de la OFAC por dos rutas que incomodan: redes financieras usadas para mover dinero ilícito y sanciones recientes que ubican operación o referencia geográfica en el norte del estado. No es un tema de “chisme”; es un recordatorio de que el crimen se mete por donde hay papel fácil, vigilancia débil y silencio institucional.

De acuerdo con los registros oficiales, estas designaciones son medidas administrativas de bloqueo y restricción bajo jurisdicción estadounidense y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal en México ni constituyen una acusación automática contra gobiernos o funcionarios locales. Pero sí son una alerta internacional que obliga a lo único que cura: auditoría, trazabilidad y resultados publicados.

Y aquí es donde el debate se vuelve político, pero por la vía correcta: no se trata de “embarrar” nombres sin pruebas, sino de exigir que los partidos y los gobiernos —de ayer y de hoy— expliquen qué hicieron para cerrar la llave del lavado, qué falló en registros, notarías y fiscalización, y qué indicadores pueden presentar para demostrar que hoy no se repite el mismo guion.