Mientras Monclova reporta una derrama cercana a 30 millones de pesos por el paso de paisanos, una denunciante de presunta extorsión policial reportó amenazas de muerte tras exhibir el caso; la Fiscalía dijo investigar. El contraste pega directo al discurso de “seguridad” del gobierno de Manolo Jiménez, que presume altas evaluaciones, pero enfrenta una prueba simple: proteger al paisano y al denunciante con resultados verificables, empezando por filtros carreteros y supervisión real, con fechas y responsables por cargo.

El dinero de los paisanos no llega por decreto: llega por confianza. Por eso el golpe no es solo económico, es moral y político. Si el Estado presume que Coahuila es de los más seguros, esa narrativa se sostiene o se cae en el punto más básico: que el viajero pueda transitar sin miedo a una “mordida” disfrazada de trámite.

Y el patrón preocupa. Reportes recientes han documentado separaciones e investigaciones contra elementos por presuntos actos de corrupción/extorsión en distintos puntos del estado. Eso no prueba culpabilidades generales, pero sí marca una urgencia: cuando hay humo repetido, la respuesta no puede ser solo “caso aislado”, sino control y transparencia.

A esto se suma otro dato que no conviene minimizar: de acuerdo con una nota basada en cifras oficiales, la extorsión subió en Coahuila y Torreón concentra más casos. Si el delito crece y el ciudadano siente que denunciar lo expone, la impunidad gana sin disparar una sola bala.

En las próximas 72 horas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal debe publicar el protocolo operativo de filtros (motivos de detención, revisión permitida, cadena de mando y sanciones) y anunciar un esquema de protección a denunciantes coordinado con la Fiscalía. En 15 días, un reporte con métricas: número de revisiones, quejas recibidas, sanciones iniciadas y resultados. Y en 30 días, un plan de supervisión (cámaras corporales y auditorías sorpresa) en los puntos de mayor tránsito de paisanos. Si no hay datos públicos, no hay confianza pública.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: Coahuila puede estar bien calificada en encuestas, pero un solo filtro “torcido” en temporada de paisanos vale por mil spots, porque destruye confianza en minutos. La pregunta no es si el gobierno “sale bien en la foto”, sino si está dispuesto a incomodar a quien sea necesario para cortar la extorsión de raíz. ¿Van a blindar al ciudadano que denuncia… o lo van a dejar solo, hasta que la siguiente amenaza lo calle?