Un empleado del Ayuntamiento de Monclova enfrentará proceso por homicidio culposo y daños al patrimonio municipal tras un atropello mortal en Frontera, pero lo hará en libertad bajo control: el juez sustituyó la prisión preventiva por resguardo domiciliario y brazalete/localizador. El caso (causa penal 1287/2025) ocurrió a inicios de diciembre y la Fiscalía tiene dos meses para fortalecer la investigación complementaria.

La carpeta ubica el hecho en la colonia Occidental, en el cruce de Emilio Carranza y Porfirio Díaz, donde una camioneta oficial presuntamente no respetó el alto y arrolló a un peatón que murió en el lugar. La historia es directa: muerte en la calle, y el juez decide que el imputado no pise penal, pero no quede suelto.

En la cobertura del caso también aparecen señalamientos duros: que la unidad habría sido tomada sin autorización y que habría consumo de alcohol, además de daños materiales valuados en $43,500. Eso no se grita como sentencia: se integra, se prueba y se sostiene en audiencia; pero sí marca el tamaño del boquete si el control interno municipal falló.

El marco legal existe: las medidas cautelares se fijan para asegurar presencia y evitar que se obstaculice el procedimiento, y pueden incluir localizadores y resguardo domiciliario. La bronca es que esa explicación solo funciona afuera si viene acompañada de algo tangible: protocolos, sanciones y candados que impidan que una unidad oficial vuelva a ser un arma en manos equivocadas.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: si un empleado puede tomar una unidad oficial “sin autorización” y terminar en una muerte, el problema ya no es solo penal. Es control interno: resguardo de llaves, bitácoras, supervisión fuera de horario y sanciones administrativas que corran en paralelo. Y si esos candados no aparecen con fechas y responsables, el mensaje que queda es brutal: la tragedia pasa… y el gobierno sigue igual.