Torreón activó un operativo anti-pirotecnia en plena temporada decembrina: 33 elementos en ventana 21:00–00:00, con coordinación de tres órdenes e inclusión de Ejército; la señal más importante, sin embargo, es la de fondo: la regla es federal (permisos y controles para artificios/explosivos), y por eso Coahuila entero puede medir resultados con una sola pregunta: ¿habrá calendario, decomisos verificables y seguimiento público —sí o no?

Lo que se vio en Torreón es el “aterrizaje local” de una estructura nacional: patrullaje, inspección y presencia coordinada para frenar comercio ilegal. Eso sirve solo si la calle entiende que el costo sube: más vigilancia, más decomiso, menos impunidad comercial.

Pero el corazón del tema no está en el rondín, sino en el marco: la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula actividades conexas con artificios/materiales explosivos y prevé permisos (incluido el permiso extraordinario en compra-venta de explosivos entre particulares), además de umbrales y controles para pólvora/insumos. En paralelo, Defensa tiene trámites específicos para compra-venta de artificios pirotécnicos.

¿Dónde se gana o se pierde? En la consistencia. Si un municipio aprieta una semana y afloja la siguiente, el mercado se adapta. Si la Federación pone el marco y el territorio sostiene la ejecución, entonces sí: baja la oferta, sube el riesgo para el vendedor y se corta el ciclo de “siempre se ha vendido”.
Que la autoridad operativa publique cada 7 días: colonias/tianguis cubiertos, número de inspecciones, decomisos, reincidencias y canalización de lo asegurado conforme al marco federal. Y que mantenga un canal ciudadano simple (911 y reporte anónimo local) para ubicar puntos de venta “itinerantes”.
En Coahuila la pirotecnia ilegal no se derrota con regaños: se derrota con regla federal clara + ejecución constante + números abiertos. La pregunta incómoda es la que sí mide: ¿cuánto bajó la oferta en calle… y quién lo puede demostrar con datos?